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29 agosto, 2016

Alianza Regional manifiesta su preocupación por falta de transparencia y participación en concurso de frecuencias en Ecuador

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, red de la sociedad civil de las Américas que representa a 22 organizaciones de 18 países, manifiesta su preocupación por la falta de transparencia y de mecanismos de participación de la ciudadanía en el concurso de frecuencias que se está llevando a cabo en Ecuador, pasando por alto los estándares interamericanos que rigen para este tipo de procesos.

En efecto, en el mes de abril de 2016 se inició en Ecuador un concurso público para la adjudicación de 1472 frecuencias de radio y televisión, equivalentes al 65% de la totalidad del espectro radioeléctrico en el país. Se trata del proceso más grande en la historia de los medios ecuatorianos.

Este tipo de procesos tienen un alto impacto en el pluralismo informativo, y por su alto interés público, deben estar sometidos a mayores niveles de transparencia y control por parte de los ciudadanos. En este sentido, El principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión ha destacado que, “las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.

Sin embargo, desde el inicio de este proceso, no se han generado mecanismos que permitan conocer quienes están participando en este concurso, ni tampoco se han habilitado espacios de participación. A mayor abundamiento, frente a una solicitud de Fundamedios, con fecha 3 de agosto la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones negó la entrega de copias de los expedientes de los participantes en el concurso bajo el argumento de que se trata de datos de carácter personal. Negó además en dos ocasiones el ingreso de un veedor al lugar en el que se están verificando los expedientes.

Con ello, en la práctica se deja a la ciudadanía sin ningún tipo de información y posibilidad de participar en este proceso supuestamente público, habilitando espacios de discrecionalidad al legitimar en la práctica las calificaciones a puerta cerrada, con desconocimiento de quiénes son los concursantes y por qué frecuencia participan. La restricción a los derechos ciudadanos al acceso a la información pública, así como al control social y a la fiscalización de todo acto del poder público, es una clara violación a los estándares internacionales sobre la materia establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los “Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente” exigen de manera expresa que estos mecanismos de renovación o adjudicación de licencias deben ser transparentes y públicos, contemplando “la realización de audiencias en las que pueda escucharse la opinión del público”.  (Relatoría para la Libertad de Expresión 2009).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó este criterio en el reciente fallo en el caso “Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela”, al señalar que estos procesos de asignación y renovación de frecuencias de radio y televisión deben ser “conducidos de manera abierta, independiente y transparente. Todos estos procesos deberán conducirse sin que existan criterios discriminatorios que busquen limitar el otorgamiento de concesiones, y deberán estar encaminados a fortalecer el pluralismo informativo y el respeto a las garantías judiciales”.

Han transcurrido más de 60 días desde que se entregaron las postulaciones, sin acceso ciudadano a vigilancia pública del proceso o a información completa relacionada al mismo, pese a que a través de los medios de comunicación las autoridades afirmaron que los procesos se harían con supervisión ciudadana y prestando facilidades para el establecimiento y desarrollo de veedurías.

 Adicionalmente, las entidades a cargo del proceso, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), no han dado muestras de independencia del poder político y/o económico como exigen los estándares. Así también, las bases que fundamentan el concurso son ampliamente subjetivas y lo convierten en un proceso discrecional, pues determinan que se calificará parámetros como la misión y visión de los medios de comunicación, sin que se establezca un procedimiento técnico para hacerlo.

 Ante tal situación, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, acompañando a su miembro local Fundamedios, advierte con preocupación la falta de transparencia, acceso a la información y de adecuados mecanismos de participación en este concurso, y recuerda a las autoridades ecuatorianas la obligación de respetar y garantizar los principios de independencia, transparencia, rendición de cuentas, justicia, pluralidad e inclusión respecto de procesos de este tipo, establecidos en los estándares internacionales sobre la materia.

La Alianza Regional es una red que trabaja desde 2005 en el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de las organizaciones miembros para que ellas realicen intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de libertad de expresión y acceso a la información en sus países.

 

ALIANZA REGIONAL POR LA LIBRE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

 

Organizaciones firmantes:

 

· Acción Ciudadana – Guatemala
· Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
· Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
· Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
· Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) – Uruguay
· Espacio Público – Venezuela
· Fundación Democracia Sin Fronteras (FDsF) – Honduras
· Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – ColombiaFundación Pro Acceso – Chile
· Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
· Fundar – México
· FUSADES – El Salvador
· Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
· Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) – Costa Rica
· Transparencia por Colombia – Colombia
· Transparencia Venezuela – Venezuela