La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presenta el informe “Acceso a la Información de la Salud de los Jefes de Estado”, donde se repasan algunos de los casos más conocidos y otros de los más recientes sobre enfermedades de los Presidentes (particularmente en América Latina) y el acceso a esta información por parte de la ciudadanía. El propósito es ilustrar que la falta de información cuando un Jefe de Estado está enfermo trasciende el ámbito de la esfera privada, pues se vuelve un tema relevante para la ciudadanía.
En este contexto, en el documento se estudia la necesidad que existe de acceder a este tipo de información para evitar especulaciones que pueden atentar contra la gobernabilidad de los propios Estados. El ocultamiento o la manipulación burda de información tan sensible y de alto interés público habilitan el camino de las especulaciones. Corresponde a los actores políticos en el gobierno tratar de evitarlas con información oportuna, completa y confiable y, a la oposición, con un manejo cuidadoso al plantear sus dudas si hay información disponible y adecuada. De esta manera, el acceso a la información contribuye a conjurar las naturales especulaciones que nacen al abrigo del secreto y hace del ciudadano un actor responsable en el proceso de mantenimiento de la gobernabilidad e institucionalidad política en caso de un desenlace fatal.
El informe “Acceso a la Información de la Salud de los Jefes de Estado” elaborado por la organización miembro paraguaya, IDEA y el aporte de Transparencia Venezuela, Asociación por los Derechos Civiles y Transparencia Colombia para la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, concluye su análisis entendiendo que no parece razonable que la mayor o menor cantidad de información con la que se pueda contar en relación a la salud de nuestros gobernantes dependa en forma exclusiva de la voluntad de ellos. Considera que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer sobre las enfermedades de sus presidentes cuando éstas son graves y pueden afectar su desempeño o la gobernabilidad; lo cual implica que, por parte del Estado, surge en estos casos una obligación de proporcionar información.
