La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, red integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de Latinoamérica, trabaja en la defensa de la democracia y el valor de los derechos humanos, reafirmando la convicción de que las libertades de expresión e información son esenciales para las sociedades democráticas y para el cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden ser desconocidos por los Estados y deben protegerse aún en momentos de emergencia como el que enfrentamos en este momento.
En el marco de la crisis sanitaria que enfrentamos a nivel global con la expansión del COVID-19, apoyamos los esfuerzos de los países y las medidas adoptadas para la protección de la salud de sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, hacemos énfasis en la responsabilidad de los gobiernos de garantizar y proteger el goce de derechos humanos en la región.
El acceso y la libre circulación de la información constituyen dos pilares fundamentales para la protección de la salud pública. En este sentido instamos a los gobiernos de la región:
- Proporcionar información clara y precisa sobre el avance y naturaleza de esta amenaza, las medidas de protección y atención previstas para la gestión de esta pandemia, así como en relación a los recursos invertidos; todo ellotanto en forma proactiva, como en respuesta a cualquier consulta y pedido de información que recibieran.
- Evitar toda restricción al acceso a internet por parte de la ciudadanía. Al mismo tiempo, se debe poner énfasis en la circulación de información fiable por parte de autoridades y comunicadores en función de contrarrestar la propagación de fakenews sin que esto resulte en detrimento de la libre circulación de la expresión e información.
- Proteger y garantizar el ejercicio periodístico, que resulta particularmente relevante en aquellos países en los que no se garantiza el acceso a información oficial confiable. Por ello rechazamos toda medida de censura u obstrucción del acceso de periodistas a las fuentes de información.
Entendemos que en el contexto actual pueden existir limitaciones fácticas para generar y/o entregar información que pudiera solicitar la ciudadanía con relación a asuntos que excedan lo vinculado con la salud pública. En este sentido instamos a los gobiernos a realizar todos los esfuerzos que resulten posibles para cumplir de buena fe con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información pública, procurando que las restricciones sean mínimas y excepcionales, ajustadas a los términos del derecho internacional y los estándares en la materia. Consecuentemente, rechazamos toda restricción general y a priori que los Estados pudieran realizar al ejercicio de este derecho.
