Ante la legalización de la vigilancia estatal en México

Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente aprobación en México de reformas legales que institucionalizan mecanismos de vigilancia masiva sin garantías ni controles adecuados.

El 16 de julio de 2025, el gobierno mexicano publicó un paquete de leyes y reformas que habilitan la recolección, interconexión y análisis de datos biométricos, financieros, fiscales, de salud, telecomunicaciones y geolocalización de toda la población. Este sistema, operado por autoridades civiles y militares, carece de salvaguardas efectivas y representa un retroceso grave en materia de derechos humanos.

Entre las disposiciones más preocupantes se encuentran:

• La obligatoriedad de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que consolida datos sensibles en una plataforma estatal interconectada con bases de datos públicas y privadas.
• La creación de una Plataforma Central de Inteligencia, que permitirá al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional acceder en tiempo real, y sin necesidad de autorización judicial, a bases de datos en posesión de entidades públicas y privadas, que contienen información personal.
• La reiteración de las facultades de geolocalización en tiempo real y sin orden judicial, incluso por parte de cuerpos militarizados.
• La adición del artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, que faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar a plataformas digitales el bloqueo temporal cuando considere que “impiden el cumplimiento de las disposiciones fiscales”.

Estas reformas se suman a un preocupante patrón documentado en México: uso del malware Pegasus contra periodistas y personas defensoras, vigilancia extrajudicial de activistas, y abuso del acceso a datos de telecomunicaciones. Hoy, estas prácticas están en camino de ser legalizadas y normalizadas.

En este contexto, llamamos al Estado mexicano a:

• Derogar las disposiciones que violan los derechos a la privacidad y libertad de expresión.
• Que el Senado mexicano revise las disposiciones en materia fiscal, particularmente el artículo 30-B en el Código Fiscal, que significan potenciales abusos a la privacidad y libertad de expresión.
• Excluir a las fuerzas armadas de funciones de vigilancia e inteligencia.
• Fortalecer los controles judiciales y  la transparencia.

Lo que hoy sucede en México marca un precedente regional peligroso. La protección de los derechos digitales es esencial para cualquier democracia.