Argentina: Alerta por intentos de retroceso en su sistema democrático y la garantía de libertades fundamentales
El DNU 70/2023 y el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo de Argentina implican un avasallamiento de los principios básicos del sistema republicano, como la división de poderes, y avanzan sobre derechos elementales como el de protesta pacífica, reunión y expresión.
El 20 de diciembre, el Presidente de Argentina anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que deroga y reforma una gran cantidad de normas debatidas durante años en el Congreso de la Nación, sin justificar la imposibilidad del cuerpo legislativo para poder tratarlas.
Como indica nuestra organización miembro local la Asociación Civil por la Igualdad y la justicia (ACIJ), ademas de violar la constitución, el decreto carece de una justificación pública, precisa y suficiente del impedimento que tendia para discutir en el Congreso cada una de las reformas que dispone.
En 40 años de democracia argentina, no existen antecedentes de un DNU de este alcance, dimensiones y características. El Congreso podría anularlo, pero los partidos de la oposición aún no se han pronunciado claramente al respecto. Además, el decreto entró en vigencia el día de hoy y produce efectos jurídicos hasta tanto ese rechazo ocurra.
Asimismo, en el transcurso de la última semana de diciembre, se agregó al Decreto un proyecto de «Ley ómnibus» que, de ser aprobada por el Congreso, implicaría una preocupante concentración de funciones legislativas y de otro tipo en el Poder Ejecutivo. En este proyecto se declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” sin justificarla debidamente y previendo la posibilidad de que el propio Poder Ejecutivo prorrogue ese plazo. Además de esta cuestión, nos preocupa particularmente lo que la propuesta trae en relación con el derecho de reunión, al prever la obligación de pedir permiso para la reunión de más de 3 personas en el espacio público.
De aprobarse este proyecto, que se suma al “Protocolo para el mantenimiento del orden público» presentado por la nueva Ministra de Seguridad Patricia Bullrich (que denunciamos junto a más de 1700 organizaciones argentinas frente a la CIDH y la ONU), se produciría una grave afrenta al derecho a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y a la reunión, avanzando hacia una marcada criminalización de la protesta social.
Tal y como plantean desde ACIJ: «tanto el Poder Judicial como el Congreso tienen la responsabilidad indelegable de asegurar el efectivo cumplimiento de nuestra Constitución, impedir el avasallamiento de nuestras instituciones y defender nuestro sistema democrático y republicano de gobierno». Desde la Alianza regional, exigimos al Congreso de la Nación el rechazo urgente de dichas normas.
