Argentina: Junto a más de 1700 organizaciones denunciamos el nuevo protocolo contra la protesta
Pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas.
En apoyo a nuestra organización miembro local, ACIJ y junto a más de 1700 organismos de derechos humanos, centrales sindicales, organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, políticas y 15 mil firmas que apoyaron a título personal. enviamos dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo para protestas sociales anunciado por la Ministra de Seguridad de la Nación.
En los escritos enviados se desarrollan las críticas al protocolo publicado en la Resolución 943/2023 y se explica que la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.
El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
Solicitamos a la ONU y a la CIDH que manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo.
En la carta a la CIDH y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión, pedimos que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
A su vez el escrito presentado ante la ONU, fue dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor. En él se les solicita que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan.
