Argentina: reforma policial sin debate ni control democrático
El Gobierno nacional modificó a través del Decreto 383/2025 el funcionamiento de la Policía Federal Argentina (PFA), una decisión que profundiza el debilitamiento institucional y refuerza el poder represivo y de vigilancia del Estado. La medida, sancionada sin intervención del Congreso ni consulta pública, deroga el Estatuto vigente de la fuerza y redefine su misión, orientándola a la investigación de delitos complejos y al resguardo de la “seguridad del Estado”.
Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información expresamos nuestra preocupación por el alcance de esta reforma, que consolida prácticas incompatibles con los derechos humanos y los estándares democráticos, al otorgar nuevas facultades discrecionales a la PFA, reducir los controles judiciales y ampliar su capacidad operativa sin garantías institucionales.
Entre los cambios más graves, detectamos:
- La autorización para detener personas por hasta 10 horas sin orden judicial, bajo la presunción de que hayan cometido o puedan cometer un delito, y no logren acreditar su identidad.
- La ampliación de las circunstancias en las que la policía podrá realizar requisas sin autorización judicial, incluso durante operativos preventivos o ante la sospecha subjetiva de que una persona o un vehículo ocultan elementos vinculados a un hecho delictivo.
- La habilitación para el ciberpatrullaje sin control judicial ni mecanismos de supervisión externa. Esto incluye la vigilancia de redes sociales, sitios web y otras plataformas digitales públicas, con fines de “prevención del delito”. Prácticas que abren la puerta al monitoreo masivo, el perfilamiento arbitrario y la criminalización de la disidencia.
- La extensión de la intervención de la PFA a todo el país y la asignación de funciones en el mantenimiento del orden público. Lo que podría traducirse en una mayor presencia de la fuerza en escenarios de protesta social.
La falta de límites institucionales refuerza el riesgo de que estas herramientas se usen con fines políticos partidarios para acallar las voces críticas. De concretarse estas reformas, el Estado podría incurrir en graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones a la libertad e integridad personal, al debido proceso, a la privacidad, o a la libertad de movimiento.
Modificar por decreto las funciones de una fuerza de seguridad federal, sin deliberación legislativa ni participación social, vulnera los principios básicos del Estado de Derecho. Las políticas de seguridad deben diseñarse con criterios técnicos, bajo mecanismos de control y en un marco de legalidad democrática. No puede haber reforma legítima sin transparencia ni debate.
Desde la Alianza Regional exigimos que cualquier transformación en esta materia sea discutida en el Congreso de la Nación, con participación de organismos especializados, expertos jurídicos y organizaciones de la sociedad civil. La seguridad no puede construirse a costa de las libertades. Sin control institucional, no hay democracia posible.
