La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información expresa su preocupación por la intención del Congreso de la República de Guatemala de reformar la Ley de Acceso a Información Pública a través de la iniciativa 5792, que implicaría graves retrocesos para la garantía de los derechos de acceso a la información pública y libertad de expresión en el país.
Nuestra red, conformada por 18 organizaciones de 16 países de las Américas, trabaja en la defensa y promoción de estos derechos en la región, y al respecto de esta propuesta advertimos que:
- El órgano garante no respeta los estándares internacionales: A pesar de que el texto de la propuesta indica que se atienden los estándares de la OEA respecto a la existencia de un órgano técnico e independiente, a lo largo del documento se establece todo lo contrario: se crea una institución cuyo nombramiento de autoridades es unipersonal y dependiente de la Comisión de Transparencia del Congreso.
- No fue suficientemente discutida: El dictamen y la propuesta realizada no fueron lo suficientemente transparentes, discutidas y abiertas, ni se tomaron en cuenta las consideraciones del Procurador de los Derechos Humanos (actual entidad reguladora del derecho de acceso a la información).
- Limita la posibilidad de reclamo ante denegatorias: Se crean procedimientos administrativos paralelos a los ya existentes en la Ley de Acceso a Información Pública, limitando de esa forma la garantía y defensa que tienen los ciudadanos en caso de se niegue el acceso a información pública.
- Reduce las sanciones por incumplimiento: Se propone un régimen administrativo sancionatorio que colisiona directamente con los delitos ya existentes en la Ley de Acceso a Información Pública (artículos 64, 65, 66 y 67) disminuyendo las penas a simples multas, con lo cual se disminuye el poder coercitivo de la ley y se genera impunidad en los casos en los que funcionarios públicos nieguen de forma deliberada el acceso a información pública.
Hacemos un vehemente llamado a las autoridades de Guatemala, especialmente al Pleno del Congreso de la República a no aprobar las reformas en mención y garantizar el libre acceso a información pública de todas las personas guatemaltecas.
