Cuba | Sobre el Decreto 370
En los últimos meses, nuestra red siguió con preocupación la regulación y aplicación del Decreto 370 en Cuba, conocido como Ley Azote, y el peligro que representa para el goce de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en la Isla.
El 29 de abril, colaboradores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), nuestra organización miembro, presentaron en el mes de mayo una solicitud formal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para se pronuncie sobre la (in)constitucionalidad de dos artículos de este Decreto Ley, que habilitan a multar a periodistas y ciudadanos que manifestaran opiniones contrarias a las del Gobierno, en medios de comunicación y redes sociales.
Tras esa presentación fue arbitrariamente detenido Enix Berrio Sardá, representante del OCDH que realizó la presentación ante la Asamblea; desde la Alianza denunciamos el caso ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; y ante Naciones Unidas, por medio de las Relatorías Especiales sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y sobre Situación de Defensores de Derechos Humanos (ver más sobre este caso aquí).
Posteriormente, el 6 de mayo se publicó un comunicado conjunto donde decenas de organizaciones y medios alertamos sobre la persecución a periodistas y activistas cubanos, que se vio agravada este año en el marco de la pandemia del COVID-19 y se apoya en la aplicación del Decreto 370.
Desde entonces la situación no mejoró, por el contrario: se registraron nuevas personas penalizadas y sancionadas debido a sus publicaciones en redes sociales. En este contexto, el 15 de Junio, junto a más de 50 organizaciones y medios de comunicación a nivel internacional, presentamos un nuevo comunicado que respalda la petición para declarar inconstitucional este decreto y exige que el gobierno cubano garantice el derecho de acceso a la información – particularmente a través de internet- y ponga fin a la vigilancia en línea y la persecución a periodistas y defensores de Derechos Humanos.
