Derecho de AIP y transparencia en los sistemas de justicia en América Latina
En el marco de la 53° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la Fundación para el Debido proceso (DPLF) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) co-organizamos una mesa redonda “Derecho de acceso a la información y transparencia en los sistemas de justicia en América Latina”.
En ella reflexionamos, junto a referentes y especialistas en la temática, acerca de los principales problemas de transparencia y acceso a la información pública (AIP) tomando como base el diagnóstico preliminar realizado en nuestro informe Saber Más: “Opacidad en los sistemas judiciales en la región”,
En América Latina, los sistemas de justicia presentan un alto grado de opacidad que no solo se reduce a la información sobre su gestión administrativa y de gobierno judicial, sino también se extiende a las resoluciones y sentencias, llegando también a afectar mecanismos y procedimientos que son esenciales para garantizar su independencia, como es el caso de los procesos de selección y nombramiento, lo que se agrava cuando se trata de sus altas autoridades.
A pesar de los numerosos compromisos sobre garantías de AIP y justicia abierta que existen en la región, el sector judicial registra un incumplimiento casi generalizado de las obligaciones y los estándares regionales e internacionales de transparencia activa y acceso a la información pública.
La falta de transparencia en los procesos de selección y nombramiento obstaculiza de manera sustancial el derecho de los ciudadanos de participar en estos procesos haciendo uso de los mecanismos institucionalizados que existen, por ejemplo, la posibilidad de presentar objeciones, denuncias o aportar información sobre los antecedentes de personas candidatas, o sobre vínculos de diversa naturaleza que pueden afectar la independencia de los futuros/as jueces o magistrados.
La transparencia y el acceso a la información son clave para transitar de una “justicia independiente” a una “justicia democrática”, entendida como aquella que no solo está protegida frente a influencias o presiones indebidas, tanto a nivel institucional como individual; sino que también rinde cuentas de sus actos frente a la ciudadanía, en ambos niveles, fortaleciendo la confianza en la justicia, y en el valor del derecho.
