El Salvador: Alto a la criminalización de personas defensoras de DD.HH y al desmantelamiento del Estado de derecho

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante el creciente uso  del derecho penal sin las garantías del debido proceso, el acoso, estigmatización y la persecución  que ejercen las autoridades salvadoreñas contra personas defensoras de derechos humanos,  líderes comunitarios, activistas ambientales, profesores universitarios, abogados, periodistas y  otras voces críticas hacia el poder. 

Destacados periodistas, activistas y abogados, como la ex fiscal y defensora Ruth López y el profesor y abogado constitucionalista Enrique Anaya, han sido detenidos arbitrariamente, en  represalia a su trabajo de documentación y denuncia de corrupción, violaciones a derechos  humanos y ataques al Estado de derecho en El Salvador. Ambos se encuentran en prisión  preventiva prolongada y enfrentan cargos espurios e infundados de malversación y blanqueo de  capitales, respectivamente. Estas detenciones envían un mensaje intimidatorio al resto de la  sociedad civil y erosiona aún más la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad e  independencia del sistema judicial salvadoreño. 

El Estado salvadoreño ha intensificado sus ataques contra la sociedad civil y prensa  independiente mediante estrategias coordinadas en los ámbitos jurídico, institucional y mediático  para silenciar su labor. Es sumamente alarmante que sean perseguidos bajo el régimen de  excepción prolongado que suspende derechos y libertades fundamentales, medida cuyo objetivo  es controlar a las pandillas del crimen organizado.  

En un contexto de alta concentración del poder, se promulgó la Ley de Agentes Extranjeros, que  impone severas restricciones a las organizaciones no gubernamentales, entre ellas onerosos  requisitos de registro, un impuesto del 30 por ciento sobre la financiación extranjera y amplios  poderes para suspender sus actividades, basándose en vagas acusaciones de actividad política.  Junto con la retórica hostil de altos funcionarios encabezada por el presidente Bukele, estas  medidas tienen por objeto deslegitimar las voces independientes y restringir las actividades  ilícitas propias de las organizaciones de la sociedad civil.  

La persecución de defensores como Ruth López y Enrique Anaya refleja una estrategia más  amplia para desmantelar la supervisión cívica y el Estado de derecho, y criminalizar la crítica y  la defensa de los derechos humanos. Otros ejemplos de criminalización incluyen a los líderes  comunitarios de La Floresta y la cooperativa El Bosque, entre ellos Fidel Zavala, Alejandro  Henríquez y Ángel Pérez, quienes han sido detenidos durante protestas pacíficas por la tierra y  los desalojos.

Es importante señalar que, a lo largo del gobierno de Nayib Bukele, docenas de personas  defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas y abogados, exfuncionarios públicos,  miembros de la oposición política y empresarios se han visto forzados a exiliarse fuera del país.  Esta tendencia, preocupante en sí misma, se ha intensificado notablemente en el último mes,  reflejando un clima creciente de represión y persecución que restringe gravemente el espacio  cívico y democrático en El Salvador. 

La represión del espacio cívico en El Salvador se da en un marco más amplio de erosión de la  institucionalidad democrática y del Estado de derecho. Como resultado del régimen de excepción  más de 85,000 personas han sido detenidas sin respeto a las garantías básicas del debido  proceso, incluidas la presunción de inocencia, el acceso a un juicio justo e imparcial, y en  condiciones inhumanas de privación de la libertad. Organizaciones locales han documentado por  lo menos 400 muertes de personas en custodia desde el inicio del régimen de excepción. 

En consecuencia, hacemos un llamado al Estado salvadoreño a: 

• Liberar de inmediato a los abogados Ruth López y Enrique Anaya, así como a todas las  personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios que han sido  detenidas arbitrariamente por razones políticas; y respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a un juicio público, en cualquier proceso que se siga en su  contra.
• Abstenerse de utilizar la detención preliminar como una forma de castigo anticipado  contra personas defensoras de derechos humanos y otras detenidas por motivos  políticos, en clara contravención de las garantías del debido proceso y los estándares  internacionales de los derechos humanos.  
• Proteger a las personas defensoras de represalias, acoso, tortura y amenazas, y  garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos.  
• Restablecer condiciones que permitan la libertad de expresión, asociación y reunión, y  armonizar las leyes nacionales con las obligaciones internacionales de El Salvador,  incluyendo mediante la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros. 
• Poner fin al uso indebido y abusivo de medidas de emergencia y en todo caso,  garantizar el derecho a un juicio justo. 

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad Internacional, incluyendo la Organización de  Estados Americanos y las Naciones Unidas, a: 

• Urgir al gobierno de El Salvador a cesar inmediatamente la instrumentalización del  sistema penal contra de personas defensoras de derechos humanos o que expresen  sus críticas al gobierno. 
• Actuar de manera urgente, por los medios diplomáticos, asistencia y cooperación  condicionada, entre otros medios, para proteger el espacio cívico, el Estado de derecho,  la democracia y los derechos humanos en El Salvador.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 

Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH, Perú 

Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) 

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) /  Ecuador 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

Consultora Solidaria (México) 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES (Colombia). Convergencia por los Derechos Humanos (CDH), Guatemala 

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC),  Venezuela. 

Due Process of Law Foundation (DPLF) 

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ). Honduras Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights 

Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú 

Latin America Working Group (LAWG) 

Movimiento Autónomo de Mujeres 

Robert F. Kennedy Human Rights  

Synergía, iniciativas para los derechos humanos 

Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe 

The International Commission of Jurists 

Washington Office on Latin America (WOLA)