Hostigamiento al periodismo en Argentina
El presidente de Argentina, Javier Milei, denunció penalmente a 3 periodistas – Ari Lijalad, Carlos Pagni, y Viviana Canosa– por opiniones y declaraciones públicas en medios de comunicación. La maniobra no solo busca disciplinar voces críticas, sino que constituye un nuevo avance contra la libertad de prensa y de expresión.
Este tipo de acciones se conocen como SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation, por sus siglas en inglés), y son demandas judiciales impulsadas estratégicamente para intimidar, silenciar o castigar a quienes ejercen su derecho a informar o a criticar el poder. Su objetivo no es obtener justicia, sino desgastar, hostigar y desalentar la participación pública.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara respecto a este tema: los funcionarios públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia frente a las críticas. El uso del sistema judicial para castigar el periodismo vulnera ese estándar y constituye una forma de censura indirecta, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Argentina eliminó en 2009 las figuras penales de calumnias e injurias para expresiones sobre asuntos de interés público. Reinstalarlas, de hecho o de derecho, es retroceder gravemente en las garantías democráticas.
Lejos de ser un hecho aislado o exclusivo de Argentina, estas acciones forman parte de un fenómeno creciente en la región: los ataques sistemáticos desde las más altas esferas de los Estados contra el periodismo, las organizaciones sociales y los activismos.
El uso del aparato judicial para perseguir periodistas sienta un precedente grave. Si las voces más visibles y reconocidas pueden ser denunciadas por hacer su trabajo, ¿qué queda para el resto? El mensaje es claro: nadie está a salvo de ser castigado por ejercer su derecho a expresarse. Esto impacta directamente sobre el conjunto de la ciudadanía, que ve cada vez más restringido su acceso a información, su posibilidad de participar libremente en asuntos de interés público y expresar sus opiniones sin temor a represalias.
Perseguir penalmente a periodistas no solo es una amenaza directa a la libertad de expresión, sino una estrategia más destinada a limitar y reducir el espacio cívico. La crítica al poder es un derecho, no un delito.
