Ley de Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua, una amenaza a la libertad de expresión y a la privacidad de la ciudadanía
Las organizaciones miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información expresamos nuestra profunda preocupación ante la reciente aprobación de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua, promulgada el pasado 31 de octubre y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de noviembre.
Esta normativa representa un serio retroceso para los derechos fundamentales de la ciudadanía nicaragüense, afectando particularmente la libertad de expresión, el derecho a la información y la privacidad de las personas usuarias. Además, contraviene otras normas vigentes como la Ley de Protección de Datos Personales (787) y la Ley de Acceso a la Información Pública (621), así como el artículo 26 de la Constitución de Nicaragua, que protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Lamentamos que, en lugar de fomentar un marco legal inclusivo y transparente para el acceso a las telecomunicaciones, esta norma introduzca mecanismos que pueden facilitar la represión, la vigilancia y el control de la ciudadanía.
Esta ley se suma a otras normativas represivas aprobadas en años recientes –como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Cadena Perpetua–, fortaleciendo el control estatal sobre los medios de comunicación y las telecomunicaciones, y consolidando un entorno hostil para el ejercicio de las libertades fundamentales.
Uno de los aspectos más preocupantes de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes es que otorga al Estado amplias facultades para monitorear y controlar el flujo de información en internet y otros medios análogos. Las autoridades podrán obtener “legalmente” datos personales y comunicaciones privadas de la ciudadanía, permitiendo la creación de perfiles detallados basados en las preferencias y actividades en línea de las personas usuarias, incluida su geolocalización. Esta vigilancia masiva constituye una grave amenaza a la privacidad, un derecho fundamental para el libre ejercicio de la expresión y la participación en la vida pública.
Asimismo, la ley le otorga la facultad al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para exigir a los locales y a creadores de contenido audiovisual en internet la obtención de licencias para operar en el país. Esto podría ser utilizado como un mecanismo para restringir y controlar a los medios independientes y a quienes cuestionen o critiquen las políticas gubernamentales.
La Ley de Telecomunicaciones Convergentes brinda a TELCOR la capacidad de solicitar datos en línea, monitorear en tiempo real la actividad de las y los usuarios y restringir directamente el acceso a plataformas digitales. Por eso, como organizaciones defensoras de las libertades fundamentales, nos alarma el acceso irrestricto del Estado a las telecomunicaciones y a los datos personales de la ciudadanía.
En los últimos 6 años, Nicaragua ha atravesado una profunda crisis de derechos humanos, caracterizada por un aumento de la represión, el acoso a periodistas, el cierre arbitrario de medios independientes, la detención de opositores y otras formas de censura.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que mantengan sus denuncias sobre la situación en el país y se mantengan vigilantes ante la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega; e instamos a la ciudadanía a adoptar medidas de seguridad digital para minimizar los riesgos a su privacidad y protección en línea.
