¡Por el acceso a la información judicial!

El acceso a la información judicial, es necesario para conocer, entre otras cosas, cómo se juzga; qué criterios aplican para seleccionar juezas, jueces, fiscales y defensores/as; en qué se invierten los recursos, y cuál es su eficacia. Sin esta ventana al funcionamiento de los tribunales, la justicia se vuelve opaca, discrecional y distante.

En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública queremos alertar sobre las graves amenazas que pesan sobre el ejercicio de este derecho fundamental. La opacidad, el secreto y las restricciones arbitrarias impiden que la ciudadanía conozca cómo funciona el Estado. Una justicia opaca, discrecional y distante, deteriora la confianza ciudadana y calidad de la democracia .

Medir para saber: el Índice de Transparencia Judicial

Desarrollamos el Índice de Transparencia Judicial, una plataforma que permite evaluar, comparar y visibilizar el nivel de acceso a la información pública de los sistemas judiciales de 18 países de Iberoamérica. Sirve para identificar tendencias regionales, conocer las fortalezas y desafíos de cada país y contrastar distintas prácticas. 

El objetivo de esta herramienta única es generar evidencia sobre lo que publican los tribunales: sentencias, estadísticas, gastos, concursos, datos presupuestarios y mucho más. 

Los resultados revelan un panorama desigual: algunos países han avanzado gracias a normas de transparencia y portales de datos abiertos, pero en muchos casos la información sigue dispersa o incompleta. A partir del relevamiento de 88 indicadores sobre normas y prácticas institucionales relacionadas con el acceso a la información en los poderes judiciales, este índice permite comparar prácticas, detectar brechas y fortalecer la rendición de cuentas.

Obstáculos comunes en la región

A pesar de los avances en la materia, el acceso a la información judicial es una excepción más que la regla.  

Aunque todos los países evaluados cuentan con alguna normativa de acceso a la información aplicable al Poder Judicial, la calidad y la implementación de esas normas varían enormemente. Sólo 4 de los 18 países analizados, puede considerarse que cuentan con un nivel de transparencia judicial adecuada. Esto significa que casi el 70% de los países analizados tienen niveles medios o bajos de calidad en las garantías para el ejercicio del derecho a la información

Identificamos algunos patrones:

• Calidad de los marcos normativos: El reconocimiento legal del derecho tiene amplio alcance, pero el 56 % de los países presenta obligaciones débiles de transparencia activa y casi un tercio ni siquiera cuenta con un órgano garante independiente. En la mayoría de los casos los propios poderes judiciales actúan como juez y parte al decidir qué información entregan. 
• Desfase entre norma y práctica: Existen países con marcos normativos pobres y malas prácticas (Venezuela o Cuba); otros con normas débiles pero buenas prácticas (Uruguay o Costa Rica); algunos con buenas leyes pero escaso cumplimiento (Honduras o Guatemala); y unos pocos con marcos sólidos y prácticas sólidas (México o Argentina). 
• Transparencia activa vs. pasiva: Sólo el 40 % de los países muestra buenas prácticas y no son los mismos en ambos ámbitos: Chile y Colombia destacan en transparencia activa pero no en pasiva, mientras que El Salvador presenta el patrón inverso. 
• Indicadores de transparencia activa con retrasos notorios: Algunas áreas críticas siguen descuidadas. Por ejemplo, las audiencias de gestión de intereses sólo se publican en tres países (Chile, Perú y Honduras); los datos sobre violencia de género están disponibles en apenas siete países; y sólo 4 países mantienen un repositorio público de solicitudes y respuestas. 

Mejorar el acceso a la información judicial es urgente 

Aunque el acceso a la información dejó de ser una rareza en muchos países, todavía no es una realidad plena en la vida cotidiana de la ciudadanía. Mejorar la transparencia en la justicia es indispensable para:

• Recuperar la confianza pública en un poder que se percibe lejano y opaco. 
• Construir políticas públicas basadas en evidencia, a partir de datos sobre cómo fallan los tribunales, a quién afectan sus decisiones, qué recursos utilizan, etc. 
• Permitir el control ciudadano sobre el uso de los recursos y la calidad de las resoluciones judiciales.

La transparencia judicial no es un adorno: es la base de un sistema de justicia imparcial y confiable. Sin acceso a la información judicial, la justicia se vuelve opaca.

Estas y otras conclusiones pueden encontrarse en nuestra plataforma inédita justiciatransparente.org que construimos junto a la Red de Transparencia y Acceso a la Información