Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información reclamamos al gobierno de Venezuela que se derogue la Providencia Administrativa 001-2021, publicada en la Gaceta Oficial núm. 42.098 de 30 de marzo de 2021.
Esta normativa establece que, para el 1 de mayo de este año, todas las organizaciones de la sociedad civil venezolanas deberán cumplir con un proceso de registro que incluye la supervisión de actas, donantes, movimientos financieros, y el listado de miembros y personal, así como de personas beneficiarias y otras organizaciones con las que trabajen.
Consideramos que estas medidas, dirigidas a controlar y limitar el trabajo de la sociedad civil en Venezuela, atentan contra el derecho de asociación, privacidad y presunción de inocencia, e implica la criminalización y riesgo de represalias para las organizaciones, en la medida en que habilita procesamientos penales por incumplimiento.
Junto a otras 662 organizaciones la Alianza Regional suscribió un pronunciamiento llamando a que se derogue esta normativa y se detenga la censura y hostigamiento de las organizaciones no gubernamentales, cuyo trabajo resulta fundamental para la defensa de los derechos de las y los Venezolanxs, especialmente los sectores más vulnerables. Manifestamos nuestro apoyo en este difícil contexto a nuestras dos organizaciones locales: Espacio Público y Transparencia Venezuela.
