Violencia estatal en Argentina: exigimos el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos

Expresamos nuestra profunda preocupación por la creciente represión en Argentina, que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. La reciente violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y trabajadores de prensa refleja un patrón preocupante de criminalización de la disidencia, promovido desde el Poder Ejecutivo.

El 12 de marzo, durante una protesta de jubilados en el Congreso, el gobierno desplegó un operativo masivo de represión que incluyó el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias. La violencia dejó al menos 670 personas heridas y más de 100 personas detenidas, incluidos trabajadores de prensa, trabajadores sociales, militantes y jubilados. Según la justicia, las detenciones fueron injustificadas, sin cargos claros ni pruebas de alteración del orden público.

Las autoridades han continuado con la narrativa criminalizante, acusando a los manifestantes de querer llevar a cabo un «golpe de estado» para justificar estos actos de represión.

Uno de los casos más alarmantes fue el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió un impacto directo con lanzagases en la cabeza por parte de un agente de las fuerzas de seguridad, resultando en una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Hoy se encuentra en estado grave. Este tipo de agresión es un claro abuso del uso de la fuerza y demuestra una total falta de respeto por los derechos humanos y los protocolos internacionales sobre el manejo de manifestaciones.

Organismos internacionales como las Naciones Unidas y la CIDH, instaron al Estado argentino a poner fin a estas prácticas represivas, a garantizar el derecho a manifestarse sin miedo a ser atacados y a proteger la labor de los periodistas en contextos de protesta.

El derecho a la protesta pacífica es un pilar fundamental de cualquier democracia. El gobierno debe garantizarlo sin recurrir a la violencia, como también debe asegurar la libertad de prensa, que es esencial para una sociedad libre y justa. No podemos permitir que el temor a la represión limite el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.