Acceso a la información judicial como estándar regional: aportes al proyecto de Adenda a la Ley Modelo Interamericana
Desde hace años en la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información acompañamos los procesos impulsados en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer los estándares regionales de acceso a la información pública. En ese marco, hicimos llegar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) nuestras consideraciones sobre el proyecto de Adenda a la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información en el Sistema de Justicia elaborado por el Comité Jurídico Interamericano (CJI), a partir del pedido que le hiciera la Asamblea General.
Este aporte se inscribe en una línea de trabajo que desarrollamos desde las primeras discusiones sobre la Ley Modelo 2.0, para la incorporación de estándares específicos de acceso a la información judicial, a partir de investigaciones, diagnósticos y recomendaciones, así como a la visibilización de los bajos niveles de cumplimiento en la región, respecto de las obligaciones existentes.
Participamos activamente en el procesos de consultas realizado por el CJI y valoramos positivamente que la última versión del proyecto incorpore diversas modificaciones que habíamos señalado oportunamente. Estos avances contribuyen a fortalecer los estándares propuestos y a brindar mayor claridad sobre las obligaciones de los sujetos alcanzados y los derechos de la ciudadanía.
No obstante, advertimos que persisten aspectos que mantienen redacciones amplias o ambiguas, en particular en relación con el régimen de excepciones, lo que podría habilitar márgenes excesivos de discrecionalidad y debilitar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en contextos de opacidad judicial.
Asimismo, señalamos la necesidad de reforzar las garantías para asegurar la efectividad del derecho a la información, incorporando mecanismos de control y rendición de cuentas frente a obstrucciones o incumplimientos, así como obligaciones más robustas de transparencia activa sobre el funcionamiento, las decisiones y los recursos de los sistemas de justicia.
Finalmente, destacamos que la adenda debe evitar cualquier retroceso respecto de los principios ya reconocidos. Su rol orientador resulta clave para avanzar hacia sistemas de justicia más transparentes, accesibles y democráticos, construidos sobre los aprendizajes acumulados en la región.
