Más transparencia, mejor justicia: aportes al debate sobre nuevos estándares en la Ley Modelo de Acceso a la Información de la OEA
Desde sus inicios, acompañamos a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la creación e impulso de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información. En esta oportunidad, presentamos nuestras recomendaciones para la adenda orientada a generar estándares de transparencia activa y pasiva en los sistemas de justicia de la región, solicitada por la Asamblea General de la OEA al Comité Jurídico Interamericano.
El acceso a la información en el sistema judicial es una condición habilitante para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Es clave para ejercer el derecho a la justicia, fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y garantizar el derecho ciudadano a informarse. Sin embargo, como lo evidencian diversas investigaciones impulsadas por la Alianza Regional, en la mayoría de los países de la región, la opacidad sigue siendo la regla. Las brechas en la implementación de medidas de transparencia —tanto activa como pasiva— persisten, limitando el acceso a datos esenciales sobre el funcionamiento, los recursos y las decisiones del sistema judicial.
Si bien las obligaciones de transparencia se extienden a todos los poderes del Estado, un tratamiento específico del Poder Judicial es necesario para abordar sus particularidades y definir con mayor precisión el alcance de estas obligaciones. En este sentido, celebramos que la OEA impulse un capítulo dedicado a esta dimensión clave.
Nuestras recomendaciones buscan fortalecer esta propuesta de adenda que fue puesta a consideración de la ciudadanía, para que pueda convertirse efectivamente en un estándar regional de calidad que permita avances en la materia. Entre los puntos que consideramos clave revisar y mejorar, vale destacar:
- La definición clara de los sujetos obligados, para garantizar que alcance a todas las agendas y organismos que hacen parte del sistema de administración de justicia en los diferentes modelos institucionales que reconoce la región.
- La revisión y limitación de las excepciones enunciadas.
- La incorporación de nuevas obligaciones de producción de información y transparencia activa, tales como los beneficios salariales y no salariales que reciben las y los magistrados, la información estadística vinculada a la evolución de la conflictividad y la judicialización, la contratación y el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, entre otras.
- El establecimiento de mecanismos efectivos de control y supervisión, frente al incumplimiento de las obligaciones.
Confiamos en que estos aportes contribuirán a consolidar una Ley Modelo 2.0 más completa y robusta, basada en los aprendizajes acumulados en la región, estableciendo un horizonte claro que permita avanzar hacia sistemas de justicia más transparentes, accesibles, abiertos y democráticos.
