Acuerdo de Escazú: AIP, cuidado del ambiente y prevención de futuras pandemias
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información recuerda a los gobiernos de la región la importancia de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, cuyo proceso de ratificación se ha visto interrumpido en el marco de la pandemia del COVID-19 y las medidas establecidas por los Estados para contrarrestar su propagación.
Hasta el momento, Nicaragua, Antigua y Barbuda y Panamá fueron los últimos países que ratificaron el Acuerdo de Escazú, sumando así 8 ratificaciones de las 11 que son necesarias para su entrada en vigencia[1]. El contexto de crisis internacional desatada por la pandemia del COVID-19 puso un freno en el proceso de ratificación del Acuerdo.
En algunos países el proyecto aún no ha sido enviado al Congreso para su ratificación: este es el caso de Brasil, Colombia, México y Guatemala; mientras que en otros, el decreto de la cuarentena obligatoria interrumpió el tratamiento parlamentario: En el caso de Argentina, el proyecto se encontraba ya en la comisión de relaciones exteriores del Senado; en Costa Rica, actualmente se encuentra en consulta en la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Constitucional en el marco de la pandemia no sesiona más que para asuntos de emergencia; en Ecuador se aprobó en el pleno de la Asamblea Nacional, y fue firmado el decreto ejecutivo para su ratificación, pero queda pendiente su depósito ante la Oficina de Tratados de Naciones Unidas en Nueva York.
Se trata de un acuerdo internacional que desarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y busca mejorar las condiciones de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en temas ambientales, así como la prevención y sanción a los ataques contra defensores de los derechos ambientales.
El Principio 10 expresa que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
El Principio 10 es fundamental para lograr el desarrollo sostenible y lidiar con los principales problemas ambientales que aquejan a la región. Precisamente, ONU-Ambiente recordó hace poco que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en los seres humanos son zoonóticas y que éstas están en auge debido a la degradación ambiental. En gran parte, prevenir otra pandemia depende de la conservación del ambiente y el Acuerdo de Escazú es clave para coadyuvar a mantener el equilibrio de los ecosistemas y la salud ambiental en América Latina y el Caribe.
Asimismo, la pandemia deja en evidencia la necesidad de un replanteamiento de las normas ambientales, apoyado en mayores y mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, participación ciudadana y acceso a la justicia.
El Acuerdo de Escazú facilitará la aplicación de las leyes ambientales en nuestra región al integrar esquemas de transparencia con tecnología; y al mismo tiempo contribuirá con la apertura de nuevos mercados (tan necesarios para fortalecer las debilitadas economías de la región) ya que facilitará la implementación de esquemas de trazabilidad debido a la promoción de políticas de transparencia activa en formato de datos abiertos.
[1]Ya lo firmaron y está pendiente su ratificación: 14 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador -pendiente de depósito ante ONU-, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía), mientras que no lo han firmado aún: 11 países (Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela)
