Celebramos la aprobación de la Ley de AIP en Argentina
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, red de la sociedad civil que representa a 22 organizaciones de 18 países de las Américas, celebra la reciente aprobación de la ley de acceso a la información pública en Argentina, la que viene a saldar una deuda de más de 10 años con el sistema democrático del país. Este es un logro emblemático para la región, que se da a pocos días de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber el próximo 28 de septiembre.
El proyecto, que fue aprobado en su último trámite legislativo por la Cámara de Diputados el día 14 de septiembre, regula el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, incorporando como sujetos obligados tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y el Judicial –entre otros-, lo que constituye un importante logro dentro del contexto regional. Además, establece garatías de anonimato para el solicitante de información, que no necesita identificarse ni fundamentar su solicitud. Respecto a la entrega de la información, esta ley incorpora innovaciones al señalar que debe hacerse en formatos digitales y abiertos, permitiendo que sean usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona.
Respecto de los mecanismos institucionales, la ley obliga a la creación de órganos de control en los tres poderes del Estado, y crea también el Consejo Federal para la Transparencia, y junto con ello establece la obligación de implementar políticas de transparencia activa, con el compromiso de publicar y mantener actualizada la información clave para el control de la gestión estatal.
El proyecto fue impulsado por la diputada nacional Karina Banfi, ex secretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y contó con aportes y el respaldo de nuestro miembro local la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), así como de muchas organizaciones la sociedad civil de Argentina.
Entre los antecedentes de este proyecto se encuentra el caso «Asociación por los Derechos Civiles contra Estado Nacional (PAMI)» [1], litigio que fue resuelto por la Corte Suprema en 2012 a partir de una negativa a entregar información sobre la distribución de la publicidad oficial de ese organismo, y que reconoció por primera vez en Argentina el derecho de las personas de acceder a la información de conformidad a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta decisión tuvo su corolario en un caso contra el Ministerio de Desarrollo Social, en el que la Corte Suprema permitió acceder a información sobre beneficiarios de planes sociales en 2014, y que contó con un amicus curiae de la Alianza Regional[2]. Finalmente, en 2015, se realizó en Buenos Aires el “Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública”, organizado por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA y la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo objetivo fue difundir los contenidos de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública de la OEA y su guía de implementación, actividad en la que participaron en representación de nuestra red -junto a nuestro miembro local-, las organizaciones IDEA (Paraguay) y FUSADES (El Salvador). Estos antecedentes fueron importantes para evidenciar la necesidad de contar con una ley que garantizara cabalmente este derecho, y generar consensos sobre el proyecto desde la óptica de los estándares internacionales.
Por todo lo anterior, la Alianza Regional -acompañando a su miembro local la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)-, celebra la aprobación de la ley de acceso a la información pública en Argentina, y destaca la importancia de contar con un adecuado proceso de implementación de la misma. Esta ley, aprobada a dias de celebrarse el Día Internacional del Derecho a Saber, es un hito emblemático para las Américas y una fuente de inspiración para que los países que aún tienen pendiente contar con una ley de este tipo puedan saldar esta deuda con la democracia.
La Alianza Regional es una red que trabaja desde 2005 en el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de las organizaciones miembros para que ellas realicen intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de libertad de expresión y acceso a la información en sus países.
Las organizaciones firmantes:
Acción Ciudadana – Guatemala
Articulo 19 – Brasil
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) – Uruguay
Espacio Público – Venezuela
Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) – Honduras
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Colombia
Fundación Pro Acceso – Chile
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
Fundamedios – Ecuador
Fundación Salvadoreña para el desarrollo Económico y Social (FUSADES) – El Salvador
FUNDAR Centro de Análisis e Investigación – México
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) – Costa Rica
Transparencia por Colombia – Colombia
Transparencia Venezuela – Venezuela
Participación Ciudadana – República Dominicana