Argentina ante la CIDH: denuncias por el grave deterioro de la libertad de expresión
El 19 de noviembre tuvo lugar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina. Las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGra), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), y trabajadores de prensa -Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y Tomás Cuesta, expusieron un escenario cada vez más restrictivo, marcado por el uso del poder estatal para desacreditar, hostigar y desalentar la crítica, tanto en el espacio público como en los entornos digitales.
Durante la audiencia se describió un clima de creciente presión sobre quienes informan. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) detallaron una combinación de prácticas que afectan directamente el derecho a comunicar: agresiones durante coberturas de protestas, discursos oficiales que deslegitiman el trabajo periodístico, utilización de herramientas judiciales y de vigilancia para restringir voces disidentes, y retrocesos en políticas de comunicación pública, como el vaciamiento de medios estatales y la falta de apoyo a medios comunitarios.
También se destacó el impacto de la violencia digital, un fenómeno cuya evolución seguimos desde la Alianza Regional hace varios años y que se ha intensificado mediante prácticas que buscan disciplinar la participación en el debate público: campañas de hostigamiento en redes, estigmatización desde cuentas oficiales y exposición selectiva de voces críticas de la prensa. En ese sentido, durante la audiencia, se señaló que lo que ocurre en línea es real y tiene consecuencias concretas: condiciona la cobertura, amplifica los riesgos y silencia a quienes deberían poder informar sin miedo.
Las denuncias estuvieron respaldadas por registros que muestran un incremento sustantivo de ataques y agresiones en los últimos meses contra trabajadores y trabajadoras de prensa. En ese sentido, Paola García Rey, Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina – organización miembro de la Alianza regional- señaló: “En 2024 y lo que va de 2025 cerca de 300 trabajadores de prensa resultaron heridos: lesiones oculares, heridas en el rostro, impactos de balas en el cuerpo. Su trabajo en el contexto de las manifestaciones sociales es clave, ya que las imágenes, filmaciones y fotografías funcionan como un control externo del Estado. Pero el gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”
Frente a este panorama, los representantes del Estado argentino optaron por minimizar lo expuesto, describiendo los hechos como aislados, sin reconocer patrones sistemáticos. Sin embargo, la CIDH expresó preocupación y recordó que las autoridades tienen la obligación de evitar que sus declaraciones o acciones generen mayor riesgo para periodistas, personas que protestan y ciudadanía en general. A su vez, la CIDH se puso a disposición para concertar un espacio de diálogo entre la sociedad civil, sindicatos, trabajadores de prensa y el Estado.
Los hechos presentados por las organizaciones solicitantes de la audiencia, muestran un deterioro acelerado del espacio cívico y un contexto hostil para la libertad de expresión, tanto fuera de línea como en el ámbito digital. Desde la Alianza Regional reafirmamos que garantizar un entorno seguro para el periodismo y la participación ciudadana es condición esencial para la democracia. Lo expuesto en la audiencia confirma la necesidad urgente de frenar la estigmatización, la violencia digital y las agresiones contra quienes cumplen un rol clave para la vida pública.
