Carta Abierta al Comité Directivo de OGP

29 de Abril, 2016

(English below)

Estimados miembros del Comité Directivo de AGA/OGP,

Esta carta, de parte de 66 organizaciones de la Sociedad Civil plantea algunas preocupaciones y presenta propuestas sobre la manera de fortalecer el rol de AGA/OGP en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en los distintos países y regiones en los que trabajamos.

Esta carta surgió de las conversaciones entre las organizaciones de la Sociedad Civil en la Cumbre de México (Octubre de 2015), y una serie de intercambios y discusiones posteriores.

En el marco de la celebración de los cinco años desde el lanzamiento de AGA/OGP, esperamos que las ideas y sugerencias en esta carta sean una contribución a los logros ya obtenidos en la primer fase de esta iniciativa, de manera tal que durante el próximo período tenga un mayor impacto en la promoción de la práctica y cultura del gobierno abierto.

Creemos firmememente que para que AGA/OGP logre tener alguna credibilidad, y evite las múltiples y repetidas acusaciones de “lavado de imagen”, es necesario que se establezcan criterios fundamentales, frente a los que todos los países participantes deberán ser medidos.

Los cuatro criterios principales de elegibilidad desarrollados en 2011 constituyeron un marco muy amplio para dar forma a la creación de AGA/OGP. Estos criterios amplios permitieron que un gran número de países fueran considerados aptos para unirse a la iniciativa, algo que fue criticado por la sociedad civil desde un principio.

Hoy, tras cinco años de AGA/OGP, y reconociendo que en el ámbito del gobierno abierto la revisión y evaluación continua de los indicadores básicos es una buena práctica, recomendamos que estos criterios sean revisados por el Comité Directivo (CD), en conjunto con los países partícipes y la Sociedad Civil. En el Anexo A adjuntamos algunas ideas sobre cómo se pueden fortalecer estos criterios básicos.

El fortalecimiento de los criterios de elegibilidad no significa la necesariamente la exclusión de países, sino que implica generar un marco de referencia claro para que sea cumplido por parte de los países dentro de un marco de tiempo establecido, y establecer estándares un poco más altos para los países nuevos que busquen unirse, algo que resulta apropiado ahora que AGA/OGP se encuentra en marcha. AGA/OGP debería ser un club en que es deseable seguir siendo miembro, no uno que se debilita por los nuevos integrantes.

En cualquier caso, creemos que debería existir una serie de indicadores clave, que sean criterios de entrada frente a los cuales se mida su progreso. Por ejemplo, más que solo contar con una ley de acceso a la información, cada país debería tener un cierto puntaje en el Ranking Global de Acceso a la Información (RTI Rating) o tener avances concretos en las puntuaciones del International Budget Partnership.

Los avances hacia criterios más detallados deberían estar dentro de un marco de tiempo establecido -por ejemplo, dentro del curso de dos años de membresía o del curso de dos planes de acción-. El Mecanismo de Revisión Independiente (MRI, IRM en inglés) debería constituirse en un mecanismo para medir progreso demostrable y significativo en base a los criterios fundamentales para todos los países participantes.

Por otro lado, en el caso que se observe en retrocesos en cualquier país y área prevista de por los criterios de elegibilidad, y/o en sus propios niveles de gobierno abierto, ello debería ser tomado seriamente y activar un mecanismo de revisión cuyas sanciones incluyan la posibilidad de suspensión de su membresía.

1.Los estándares de DDHH y el contexto propicio para el gobierno abierto

Si bien no es, ni debería ser el papel de AGA/OGP el investigar o establecer estándares para los diversos temas de Derechos Humanos, nos preocupa que en el contexto actual de violaciones de los derechos humanos, limitaciones a la libertad de expresión y asociación, y las amenazas a activistas en algunos de los países participantes, signifiquen que el entorno propicio para el gobierno abierto se vea seriamente comprometido.

De hecho, el primer párrafo de la Declaración de AGA/OGP reconoce ésto cuando afirma que los países participantes están “comprometidos con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de la ONU contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno”

Tal compromiso con los derechos humanos se reconoce, además, en el uso por parte de AGA/OGP del índice de Libertades Civiles del Economist Intelligence Unit’s Democracy Index como uno de los cuatro criterios de elegibilidad.

Por lo tanto es muy preocupante que una serie de países hayan sido admitidos en la alianza, a pesar de tener un pobre historial en materia de libertades civiles. AGA/OGP incluye actualmente a cinco países cuyo puntaje es menor de 5/10 en libertades civiles y otros veintiuno con menos de 7,5/10.¹ Sin un mínimo contexto propicio, es poco probable que el gobierno abierto pueda desarrollarse; tener dichos países como miembros de AGA/OGP amenaza con socavar la credibilidad de la iniciativa.

Por otro lado, han existido una serie de países que desde su inserción en la alianza han efectuado serios ataques a derechos democráticos básicos, como la libertad de expresión y asociación.

En los casos en que los prerequisitos para el gobierno abierto no estén siendo satisfechos o sean violados, AGA/OGP no puede mirar al costado. Debe haber un mecanismo más fuerte y transparente para conducir a los países dentro de los lineamientos del gobierno abierto, y debe evidenciarse que se están tomando medidas fuertes.²

Debe haber una discusión honesta y abierta dentro de AGA/OGP, que tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil respecto de cómo manejar estos casos. Por ejemplo, se pueden tener varias opciones, más cercanas al escrutinio y monitoreo, y posibles mecanismos de suspensión. Considerar la perspectiva de la sociedad civil nacional es importante, y también la de la comunidad más amplia comprometida con AGA/OGP, dado que el particularmente pobre desempeño algunos países, genera menos incentivos para aquellos países de rango medio, lo que puede frustrar los esfuerzos de la sociedad civil en aquellos países de rendimiento moderado.

Para que AGA/OGP sea diferente de otras iniciativas intergubernamentales donde la “diplomacia silenciosa” es a menudo sinónimo de complicidad y compromiso, AGA/OGP debe tener criterios claros y rigurosos frente a violaciones de derechos humanos por parte de países participantes. Esto no es algo difícil de hacer: entre la riqueza de la experiencia y el conocimiento que tienen los grupos de la Sociedad Civil comprometidos con AGA/OGP, y los múltiples mecanismos y relatores internacionales de Derechos Humanos, debería ser sencillo para AGA/OGP estructurar un mecanismo de respuesta que ayude a proteger la credibilidad de la alianza. Para esto invitamos al CD a establecer un proceso abierto con la Sociedad Civil para desarrollar este mecanismo.

Del mismo modo, donde los países no están cumpliendo con los mecanismos creados por AGA/OGP –por ejemplo, a través de la falta de transparencia en los planes de acción– es necesario que exista un mecanismo de respuesta rápida y transparente cuando la Sociedad Civil manifieste su preocupación, lo que actualmente no ocurre.³

2.Participación real y co-creación

En la Declaración de AGA/OGP, los países se comprometen a garantizar la transparencia y la participación en la elaboración de políticas y la toma de decisiones. El punto de partida para esto es involucrar a la Sociedad Civil en la creación e implementación de los planes de acción.

En los inicios de AGA/OGP, no existía claridad acerca de lo que un proceso como este debía implicar. Actualmente se han desarrollado directrices para esto, aunque éstas podrían definirse con mayor precisión. A pesar de esto, muchos países están incumpliendo seriamente el seguimiento de estas directrices.

Es comprensible que en los primeros días de OGP, con el entusiasmo de poner en marcha la iniciativa, los países se apresuraron en reunir planes y compromisos pre-existentes para completar así sus planes de acción. Tras las críticas de la sociedad civil, en un puñado de países hemos observado una maduración del proceso y un movimiento hacia algo más parecido a la co-creación, pero demasiados países participantes continúan desarrollando sus planes de acción de la misma manera que en el comienzo de la iniciativa.

Parte de la retórica de AGA/OGP es esta “co-creación” de los planes de acción. La realidad es que en la mayoría de los países participantes existe incapacidad de moverse más allá de los procesos más básicos de participación, en los que no existe un empoderamiento real y donde las consultas sobre los planes de acción consisten en un poco más que chequear una casilla en un formulario una vez cada dos años. La mayoría de los países no han establecido ningún mecanismo de dialogo permanente con la sociedad civil. Además, al final del día son los gobiernos los que marcan el ritmo en este tema, en vez de que sea AGA/OGP quien claramente requiera el establecimiento de un mecanismo de co-decisión.

Este debería ser un asunto de interés prioritario para el Comité Directivo de AGA/OGP. Recomendamos que AGA/OGP establezca un mecanismo de respuesta rápida para investigar cada vez que la sociedad civil plantee preocupaciones sobre la falta de participación. El papel de los MRI/IRM debería ser el de monitorear los criterios para ello, y actuar como una línea directa (teléfono rojo) para la sociedad civil. Cuando el MRI/IRM de la alerta, debe existir un mecanismo al nivel del CD para la suspensión de la implementación del plan de acción hasta que los problemas se hayan resuelto.

Este nuevo mecanismo podría dar lugar a planes de acción con un menor número de compromisos, y para los cuales el proceso de negociación puede ser más largo. Se trata de una concesión que creemos vale la pena hacer, en pos de inculcar verdaderos procesos participativos. De hecho, los nuevos planes de acción -posiblemente más reducidos pero sin duda también más específicos- probablemente servirán más al avance del gobierno abierto que el potpurrí actual de iniciativas de reforma administrativa pre-existentes.

3.Un Mecanismo de Revisión Independiente más estricto y eficiente

Uno de los problemas estructurales del MRI/IRM es que los planes de acción se evalúan sólo después de un año de implementación. Otra preocupación es que incluso si hay evaluaciones críticas o recomendaciones desde los MRI/IRM, éstas no siempre son integradas en los planes de acción posteriores, ni existe un mecanismo estructurado para revisar la forma en que las devoluciones de los MRI/IRM es procesada por los gobiernos. A menudo, esto debilita o al menos vuelve ineficaces los esfuerzos realizados por muchos de los MRI/IRM.

Estas preocupaciones fueron discutidas en varias sesiones en la Cumbre de México. Hay formas específicas en que estas deficiencias estructurales podrían abordarse y por las cuales el proceso del MRI/IRM, que necesita recursos económicos y tiempo, podría ser más eficaz.

Proponemos una revisión de la forma en que funciona el MRI/IRM. Una reforma del mecanismo podría incluir que el MRI/IRM conduzca una revisión de los nuevos planes de acción al comienzo de cada proceso bianual para evaluar tanto el contenido (por ejemplo: si son los planes de acción genuinamente diseñados para promover un gobierno abierto; si hay un “esfuerzo” verdadero) como el proceso por el que se llegó al plan de acción (por ejemplo: si fue con la participación adecuada de la sociedad civil; si se ha realizado un análisis suficiente los desafíos para el gobierno abierto que enfrenta dicho país).

4.Un Comité Directivo con mayor capacidad de respuesta, abierto y democrático.

Algunos de los cambios en la forma en que funciona AGA/OGP, tal como los que se proponen aqui, deberian conducir a una mayor capacidad de respuesta y apertura del Comité Directivo.

También hay otras medidas que se deben tomar para transmitir los valores de AGA/OGP a sus propios mecanismos.

En primer instancia, existe necesidad de una mayor transparencia. Por ejemplo, no existe información pública sobre los equipos completos que trabajan los miembros del CD, ya sea en el lado del gobierno o en el lado de la sociedad civil (los segundos no se nombran en la web). Debería estar disponible también la información de contacto de todos los miembros del CD, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Debe existir también plena transparencia sobre todas las reuniones, incluidas las convocatorias regulares de los miembros de la sociedad civil del CD. Se debe insistir en que más información se haga pública acerca de los diversos grupos de trabajo.

Además, es necesario un proceso más abierto y participativo para la selección de los miembros del CD, proceso que está entrando en un nuevo ciclo. Por ejemplo, proponemos que para este ciclo se desarrollen audiencias públicas en webinarios donde participen todos aquellos que están en la lista de candidatos preseleccionados.⁴

También es necesaria una discusión acerca de cómo garantizar que la presencia de la sociedad civil en el CD sea más representativa. Es necesario un debate sobre la forma que esto debería ser hecho, o al menos debería ser más abierto el proceso por el cual se forma el Comité de Selección. Por otra parte, en ausencia de una votación real (lo que sería complejo y difícil de hacer representativo) debería entonces existir un sistema por el cual la sociedad civil pueda plantear inquietudes, hacer preguntas a los candidatos, e incluso presentar objeciones. Del mismo modo, poner en marcha mecanismos para hacer sus aportes al CD una vez instalado.

5.Apoyo financiero para la Sociedad Civil

Uno de los mayores desafíos para la sociedad civil es contar con los fondos necesarios para comprometerse plenamente en AGA/OGP. Aun suponiendo que existan mecanismos de co-creación en los planes de acción, aprovechar al máximo esta oportunidad sería un reto para las organizaciones en muchos países. Más participación en profundidad, así como unirse al CD es también algo difícil para muchas personas dado el tiempo de dedicación requerido.

Es positivo que existen subsidios de viaje para participar en las cumbres de la AGA/OGP, pero esto no resulta suficiente ante la falta de fondos para continuar con la debida dedicación una vez de vuelta en casa.

Si bien existe una Unidad de Apoyo de la Sociedad Civil, esto no es suficiente.

Por otra parte, es necesaria una evaluación sobre la mejor manera de potenciar a la Unidad de Apoyo para que pueda colaborar con la Sociedad Civil a abordar la agenda de preocupaciones graves establecidas en esta declaración.

Como redes de la sociedad en torno a AGA/OGP, invitamos a un diálogo más estructurado con los donantes sobre como apoyar el trabajo de las OSC nacionales comprometidas con este mecanismo.

Organizaciones e Individuos:

Access Info Europe – Helen Darbishire

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – Moises Sanchez

Africa Freedom of Information Centre – Gilbert Sendugwa

Acción Ciudadana (Guatemala)

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y la Desigualdad (México) – Héctor Rubio

Affinity Group of National Associations (AGNA), (South Africa) – Patricia Deniz

APES (El Salvador)

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Argentina) – Renzo Lavin

Asociación Nacional de la Prensa (Bolivia)

Asociación por los Derechos Civiles ADC (Argentina)

Cainfo (Uruguay)

Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Paraguay) – Raúl Quiñonez

Child Goals Achievement Foundation (Nigeria) – Chris Arinze A.

CIP-Centro de Integridade Pública (Mozambique) – Jorge Matine

Ciudadan@s por la Transparencia (México) – Cynthia Dehesa

Ciudadanos al Día (Perú) – Caroline Gibu

C-Libre (Honduras)

Costa Rice Integra (Costa Rica)

CPI Foundation, Public Interest Advocacy Center (Bosnia and Herzegovina) – Zoran Ivančić

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (Perú) – Aída Gamboa Balbí

ECD Manyara (Tanzania) – Kenedy N Axwessoo

Espacio Público (Venezuela)

Ezequiel Santagada, Instituto de Derecho y Economía Asunción (Paraguay)

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CONICET), (Argentina) – Dr. Alejandro Álvarez Nobell

Freedom of Information Center of Armenia (Armenia) – Liana Doydoyan

Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador) – Mauricio Alarcón Salvador

Fundación Conocimiento Abierto (Argentina) – Yamila García

Fundación Cuidadano Inteligente (Chile) – Pablo Collada and Manuel Barros

Fundación Democracia sin Fronteras (Honduras)

Fundación Multitudes (Chile) – Álvaro V. Ramírez-Alujas / Paulina Ibarra

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua)

Fundamedios (Ecuador)

FUNDAR – Centro de análisis e investigación (México)

FUNDE (El Salvador)

FUSADES (El Salvador)

Gobierno Abierto, Centro de Pensamiento (Spain) – Oriana Oviedo Ojeda

GONG (Croatia) – Jelena Berkovic

Hope Foundation for Social Entrepreneurship (HoFoSe), (Tanzania) – Tumainiel Mangi

Institute for Development of Freedom of Information (Georgia) – Giorgi Kldiashvili

Instituto de Derecho y Económia ambiental (IDEA) – Paraguay

IPLEX (Costa Rica)

K-Monitor (Hungary) – Sandor Lederer

mySociety (UK) – Mark Cridge

Niimar Iraghw Cultural Group and Education Initiatives (Tanzania) – Daniel Thomas

Open Government Foundation (Colombia) – Alexander Plata Pineda

Open Knowledge Foundation (Germany) – Daniel Dietrich

Poder Ciudadano (Argentina) – Pablo Secchi

Poder Ciudadano (Venezuela)

Policy Alert (Nigeria)- Tijah Bolton Akpan

Pro Acceso (Chile)

Rasheed Coalition for Integrity and Transparency (Jordan) – Osama M. Al Azzam MBA, ACPA

Social Justice (Côte d’Ivoire) – Julien Tingain

Socio Economic Research and Development Centre SERDEC (Nigeria) – Tijani Abdulkareem

Stati Generali dell’Innovazione (Italy) – Flavia Marzano

The Christian Spiritual Youth Ministry (Tanzania) – Nicodemus Siayi Soko

TI Bosni i Hercegovina (Bosnia & Herzegovina)

TI Ukraine (Ukraine)

Towards Transparency (TT); Centre for Social Governance Research (CENSOGOR)

Transparencia por Colombia (Colombia) – Elisabeth Ungar Bleier

Transparencia por Venezuela

Transparency International Georgia (Georgia)

Visor Chubut Observatorio de Informacón Pública de la provincia del Chubut (Argentina) – Gaitán Tabuyo

Vouliwatch (Greece) – Stefanos Loukopoulos

Women Against AIDS and Poverty (Tanzania) – Agnes C. Lowri

Individuals

Dr. David Goldberg (Scotland)

Marija Risteska, PhD, Centre for Research and Policy Making (Macedonia)

Aniceta C. Baltar, Concerned Citizens of Abra for Good Government (Philippines)

Anexo A: FORTALECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Existe una serie de maneras específicas para fortalecer los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, cuando se trata leyes de acceso a la información, no es suficiente simplemente contar con una ley, sino que esta debe tener una determinada calidad. Para los países con leyes débiles (Italia es un ejemplo de ello), AGA/OGP debe establecer como precondición una reforma dentro de un cierto lapso de tiempo luego de convertirse en un miembro de AGA/OGP.

Para cualquier país donde exista una reacción en contra de la transparencia mediante el debilitamiento del marco jurídico de acceso a la información (como recientemente fue amenazado en el Reino Unido, ha sucedido en Hungría, y en Honduras con las leyes de secreto que socavan la ley de acceso a la información), debería existir un mecanismo de respuesta rápida y el país deberia rendir cuentas frente a AGA/OGP.

Un desafío mayor es la medición de los niveles de transparencia en la práctica, dada la preocupación de que algunos países miembros de AGA/OGP tienen leyes fuertes pero niveles muy pobres de la transparencia en la práctica. Por lo general hay una amplia evidencia de la sociedad civil local sobre esto y una prioridad para AGA/OGP debe ser apoyar y promover la medición de la transparencia efectiva con el fin de evaluar los niveles reales de apertura en los países participantes. Esto podría hacerse, por ejemplo, a través de un conjunto más amplio de documentos, más allá de la información presupuestaria y declaraciones patrimoniales, y se deberían tener en cuenta los índices como el Índice de Datos Abiertos.

Cuando se trata de los criterios de participación ciudadana, AGA/OGP utiliza el Índice del Intelligence Unit´s de The Economist y, en particular, la puntuación en libertades civiles. Un problema aquí es que una medida de las libertades civiles no es una medida de la participación. Es posible que no exista actualmente un índice global de los niveles de participación, y de hecho es algo más difícil de medir. Por ello, recomendamos que este criterio pueda cambiar de nombre, así como también tenerse debidamente en cuenta (véase el punto 2). Esto debe hacerse en paralelo con el fortalecimiento de los criterios para medir la participación ciudadana en los procesos de OGP /AGA, lo que debería ser un criterio posterior al ingreso a la alianza.

AGA/OGP debe además explorar otros índices que se relacionen con los valores centrales de la Declaración. Por ejemplo, cuando se trata de la apuesta por tener los más altos estándares de integridad profesional y de tener políticas sólidas contra la corrupción, medir esto sólo sobre la base de la publicación de la declaración patrimonial para un puñado de funcionarios públicos de alto nivel, es al menos poco sincero. Por otra parte, tenemos un número de miembros de AGA/OGP que no cumplen adecuadamente este criterio, por ejemplo, al tener marcos legales muy limitados para las declaraciones patrimoniales y por lo tanto, no haciéndolas públicas. Hay una necesidad urgente de revisar este criterio y mejorarlo.