El derecho a la libertad de asociación está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado de Guatemala. Como red de organizaciones no gubernamentales de América Latina, que trabajamos en la promoción y defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, manifestamos nuestra preocupación y rechazo a las reformas aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala a la Ley de ONGs, el pasado 11 de febrero de 2020.
Las organizaciones sociales o no gubernamentales, en ejercicio pleno de su derecho a la libertad de asociación, han realizado su trabajo apoyando las más diversas causas sociales, ambientales, cívicas y de auto ayuda. Pretender acallar o limitar sus actuaciones solo conlleva vedarle al país una de sus acciones básicas para el desarrollo y uno de sus componentes fundamentales para el sostenimiento de una democracia plena.
Las reformas realizadas dejan un amplio margen de discrecionalidad para que personas que ejercen puestos de autoridad en los órganos de control y el Ejecutivo, puedan limitar el accionar de las organizaciones no gubernamentales, pudiendo incluso cancelar las mismas.Es claro que dichas reformas van encaminadas a limitar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y responden a una agenda poco transparente y autoritaria, que ven en la sociedad civil organizada una limitante a sus actos ilegítimos y al saqueo de los recursos públicos.
Es deber de los Estados garantizar los derechos de sus ciudadanos. Así, hacemos un llamado a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva a favor de los siete recursos interpuestos en contra de dicha Ley, y al Presidente de la República, Dr. Alejandro Giamattei, a vetar dicha normativa por su clara violación a derechos fundamentales y por sus implicaciones en contra del libre actuar de la sociedad civil organizada.
