Criminalización de la sociedad civil en Venezuela durante represión poselectoral

Durante una nueva ola represiva que busca silenciar los reclamos por la falta de transparencia en el proceso electoral del pasado 28 de julio, la asamblea nacional de Venezuela avanzó este 13 de agosto en la discusión y aprobación de 29 artículos  de la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Esta regulación viola los principios de autonomía e independencia propios del derecho de asociación, y bajo el supuesto de que las iniciativas no gubernamentales y sin fines de lucro son “enemigas de la patria”, que usan “fondos ilícitos” para “financiar el terrorismo”.

La ley prohíbe la recepción de aportes destinados a organizaciones con fines políticos, o realizar actividades propias de estas o de los partidos políticos. Se trata de criterios vagos y amplios que incentivan decisiones discrecionales y arbitrarias que probablemente llevará al cierre de las organizaciones cuyas acciones sean consideradas “políticas”, tal como ya sucede en otros países de la región con normas similares. 

Este instrumento ilegaliza a todas las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil o que no dependen del gobierno, sean nacionales o internacionales, sometiéndolas a un nuevo registro basado en controles arbitrarios. Actualmente, las organizaciones son controladas por regulaciones previstas en el Código Civil, el Código Orgánico Tributario o la Ley de Registros y Notarías. 

La nueva ley habilita el cierre y sanciones penales a las organizaciones que presuma vinculadas a terrorismo; obliga a un nuevo registro en que se de debe detallar fuentes de financiamiento, y la plena identificación de los donantes, y en caso de incumplirse con el registro, se contempla sanciones económicas como la “multa equivalente al doble del monto recibido” a las organizaciones y personas naturales que reciban donaciones extranjeras. 

No existe evidencia pública de que el texto aprobado fuera sometido a una amplia consulta a los diferentes sectores de la sociedad venezolana, a la fecha aún no se encuentra disponible formalmente en la página web de la asamblea nacional. Lo mismo sucedió con los proyectos de ley previos, no fueron difundidos, y solo se dieron a conocer a través de medios y plataformas digitales. 

Sin embargo, la ley tiene un alto impacto en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil venezolana, aumenta la vulnerabilidad de las personas beneficiarias y aleja las posibilidades de resolución a la sostenida crisis estructural que vive el país. 

Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información exhortamos a las organizaciones, organismos internacionales y multilaterales a que expresen de forma alta y clara sus preocupaciones, y hagan llegar este mensaje a los interlocutores que puedan revertir esta grave situación que limita el ejercicio y vacía de contenido del derecho de asociación. 

Esta ley violenta los principios de autonomía e independencia, y subordina la existencia de toda organización e iniciativa no dependiente del Estado, nacional o internacional, a controles arbitrarios que responden a los intereses del gobierno de turno, profundizando el creciente cierre del espacio cívico que registra el país hace años. 

Compartimos el análisis y el segundo informe del proyecto de ley que estaría a disposición para la aprobación. De acuerdo a la discusión de este 13 de agosto, se realizaron algunas modificaciones, pero los elementos sustanciales se mantienen.