Es indispensable que México continúe con un organismo autónomo que garantice el derecho de AIP
El marco normativo e institucional en materia de transparencia y acceso a la información en México se distingue por ser uno de los más avanzados en América Latina y por ocupar un lugar destacado en el ámbito internacional, el cual inspiró a muchas legislaciones que fueron aprobadas en la región. Una de las razones de ello es la inclusión de órganos de supervisión o agencias garantes del derecho independientes de injerencia política.
Resultan preocupantes las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando su intención de desaparecer órganos autónomos cuyo rol es velar por el acceso a la información. Pasar a un esquema de secretarías que forman parte del Poder Ejecutivo implicaría un grave retroceso, vulnerando el goce de dicho derecho fundamental que tiene la población, debido a que ya no se contaría con una institución que reúna la característica de independencia que debe tener un órgano garante. Este cambio, además, sería una decisión contraria a los estándares internacionales en la materia.
El acceso a la información pública en México se ha regulado en varias reformas legislativas, producto de luchas sociales y esfuerzos emprendidos por años para ampliar el ejercicio del derecho, incorporando nuevas garantías que buscan eliminar la heterogeneidad del acceso a la información en el país. Uno de sus más grandes avances fue contar con un organismo autónomo capaz de conseguir que las autoridades gubernamentales garanticen el acceso a la información conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Para alcanzar estos objetivos, el órgano garante nacional de México está facultado a revisar las razones por las cuales las autoridades gubernamentales se niegan a entregar información y determina el interés público de la misma. De este modo garantiza el acceso de la ciudadanía a la información, lo que colabora en la rendición de cuentas y control de la gestión pública, al tiempo que facilita el acceso a otros derechos. Por ello, es indispensable que se fortalezcan los institutos autónomos en lugar de desaparecerlos.
Hacemos un llamado a las autoridades de México a detener toda medida que limite o reduzca la autonomía de los Órganos Garantes, y solicitamos a las y los Relatores para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dar seguimiento a este tema y pronunciarse al respecto.
