La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el 1 de Septiembre un Amicus Curiae ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por nuestra organización miembro Acción Ciudadana en contra del Decreto 4-2020 que busca reformar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Decreto 02-2003 del Congreso de la República)
Estas reformas afectan los derechos fundamentales de las organizaciones que trabajan en Guatemala, dado que entre otras cosas plantean:
- Habilitar la cancelación sumaria y discrecional por parte de autoridad administrativa del Organismo Ejecutivo, lo que supone una amenaza inminente para la vida de las organizaciones, sin posibilidad de defenderse ante el eventual avasallamiento.
- Restricciones para su conformación y control de sus actividades, incluyendo a organizaciones constituidas en el extranjero, bajo la amenaza de cancelación si atentan contra el “orden público”, lo que jaquea las libertades de asociación y expresión en la medida en que la categoría de “orden público” resulta ambigua y carente de definición legal, abriendo su ejecución a la discrecionalidad administrativa.
- Amenazas de sanciones penales a los asociados y directivos de las organizaciones, si la autoridad administrativa inicia un proceso de cancelación de ONG e interpreta que ésta atenta contra el “orden público”.
El Amicus analiza en forma comparativa la norma que impulsa el gobierno y las regulaciones consitucionales, destacando los puntos en que esta última se vería violada, al tiempo que destaca la importancia de que el Estado no restrinja la participación de las ONGs a través de normativas que contradicen los estándares internacionales.
