Hacia un poder judicial más transparente en el Cono sur
La opacidad en los sistemas de justicia de América Latina y el Caribe es un desafío constante para hacer efectivo el derecho a saber. A pesar de los avances normativos que los incluyen como sujetos obligados en las leyes de acceso a la información y en los compromisos supranacionales, la falta de una cultura de rendición de cuentas y el secretismo continúan limitando la transparencia y afectando la confianza ciudadana.
Esta realidad impacta directamente en la calidad del servicio judicial, en la independencia de jueces y juezas, en la capacidad de control ciudadano sobre el uso de recursos públicos y en la legitimidad misma del sistema judicial, uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información nos propusimos profundizar el análisis en relación al tema sobre el que venimos advirtiendo y trabajando hace años, y reflejamos en nuestros estudios Saber Más: Opacidad en los sistemas judiciales de la región. Con el apoyo de UNESCO abordamos este problema a través de un diagnóstico detallado y la promoción de mejoras en la política de acceso a la información en los Poderes Judiciales de 4 países, poniendo el foco en la producción y publicación de estadísticas judiciales ( en el caso de Argentina y Paraguay) y la difusión de indicadores que permitan identificar posibles conflictos de interés (para el caso de Brasil y Uruguay).
A partir del análisis de las barreras que dificultan la apertura de información en los sistemas de justicia, y en articulación con las agendas de incidencia de las organizaciones locales que lideraron las investigaciones, profundizamos en la importancia de la transparencia activa como un mecanismo esencial para fortalecer la legitimidad del sistema judicial. El trabajo lo hicimos con nuestras organizaciones locales aliadas: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en Argentina, Artigo 19 en Brasil, Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) en Paraguay y el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) en Uruguay.
Para el desarrollo de estos estudios de caso, se realizó una revisión exhaustiva de normativa local y regional, bibliografía relevante y documentos clave. Además, se incorporaron los aportes de actores estratégicos, como periodistas especializados en la cobertura de justicia y operadores y operadoras judiciales, cuyas reflexiones resultaron fundamentales para comprender los desafíos y oportunidades en cada país.
A través de este trabajo, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso a la información como un derecho fundamental y con la construcción de sistemas de justicia más abiertos, accesibles y democráticos en la región.
