Advertimos quiebre en diálogo entre Estados y sociedad civil
1. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información reconoce la importancia de la iniciativa de la AGA como un espacio que facilita el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, diálogo que resulta imprescindible para establecer políticas claras de transparencia, que son vitales para mantener y fortalecer a los sistemas democráticos y propender a una mejor calidad de vida de todas las personas.
2. Ese diálogo se ha visto afectado, en algunos casos, por prácticas gubernamentales incompatibles con el espíritu de la AGA. Los gobiernos pretenden imponer agendas y usar la legitimidad que les otorga el diálogo con la sociedad civil.
3. La aparición de gravísimos casos de corrupción que quedan sin sanciones políticas inmediatas y con procesos judiciales interminables que facilitan la impunidad de los corruptos, mina las bases mismas del concepto de gobierno abierto. Los grandes casos de corrupción transnacional, sumados a los incrementos en las violaciones a los derechos humanos por parte de los países que firmaron la Declaración de Gobierno Abierto y que se comprometieron con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, requieren de respuestas claras y contundentes de los gobiernos de los países afectados y la AGA no puede ser sólo un mero espectador que no exige cambios.
4. Los gobiernos están abusando del concepto de “transparencia” y se olvidan que con impunidad ésta es sólo una entelequia. Ante evidencias que hagan verosímiles hechos de corrupción, los presuntos corruptos deben ser apartados del poder e investigados en procesos justos, con estricto apego al derecho de defensa y razonablemente rápidos.
5. Condenamos el hecho de que lleguemos a un nuevo Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto con países que han sido admitidos a pesar de tener un pobre historial en materia de libertades civiles y que desde su inclusión han efectuado serios ataques a derechos democráticos básicos, como la libertad de expresión y asociación, convirtiéndose en una amenaza con socavar la credibilidad de la iniciativa. Recomendamos la pronta revisión de la implementación de la Política de Respuesta para tratar de evitar los retrocesos institucionales o democráticos en los países que integran la AGA y evitar la violación de principios y valores que garantizan los espacios cívicos en los países miembros. Esto requiere de poderes judiciales realmente independientes. Vemos con preocupación que la justicia en varios de nuestros países está sometida a los poderes políticos y económicos.
6. Los estándares y requisitos de ingreso a la AGA deben permitir la participación de la mayor cantidad posible de países. Sin embargo, los criterios de permanencia deben ser más estrictos y guiados por el principio de progresividad y no regresión. La AGA sólo ganará legitimidad si es un espacio que logra gobiernos realmente más abiertos y si sabe sancionar a quienes son laxos con sus principios.
7. La AGA debe apoyar la implementación de reformas profundas en los Estados, más allá del cumplimiento de los Planes de Acción, abordando aspectos más sistémicos y estructurales que son fundamentales en la construcción de la democracia en los países de la región.
8. Para la Alianza Regional es necesario incluir en las actividades y procesos de la AGA a la sociedad civil de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua; países que no participan en esta iniciativa internacional. Esta exclusión implica una doble marginalización respecto a nueva plataforma de diálogo de la AGA.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información es una red de organizaciones no gubernamentales de las Américas, independiente, apartidaria, y sin fines de lucro, que aspira a fortalecer la capacidad de sus organizaciones miembros para fomentar mejores prácticas y legislaciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países y la región.
Trabajamos desde una perspectiva de defensa de la democracia y el valor de los derechos humanos, entendidos estos últimos en los términos en que lo hacen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como las normas y convenciones asociadas a ellas; reafirmando la convicción de que las libertades de expresión e información son esenciales para las sociedades democráticas y para el cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden ser desconocidos por los Estados y deben protegerse.
2. Ese diálogo se ha visto afectado, en algunos casos, por prácticas gubernamentales incompatibles con el espíritu de la AGA. Los gobiernos pretenden imponer agendas y usar la legitimidad que les otorga el diálogo con la sociedad civil.
3. La aparición de gravísimos casos de corrupción que quedan sin sanciones políticas inmediatas y con procesos judiciales interminables que facilitan la impunidad de los corruptos, mina las bases mismas del concepto de gobierno abierto. Los grandes casos de corrupción transnacional, sumados a los incrementos en las violaciones a los derechos humanos por parte de los países que firmaron la Declaración de Gobierno Abierto y que se comprometieron con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, requieren de respuestas claras y contundentes de los gobiernos de los países afectados y la AGA no puede ser sólo un mero espectador que no exige cambios.
4. Los gobiernos están abusando del concepto de “transparencia” y se olvidan que con impunidad ésta es sólo una entelequia. Ante evidencias que hagan verosímiles hechos de corrupción, los presuntos corruptos deben ser apartados del poder e investigados en procesos justos, con estricto apego al derecho de defensa y razonablemente rápidos.
5. Condenamos el hecho de que lleguemos a un nuevo Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto con países que han sido admitidos a pesar de tener un pobre historial en materia de libertades civiles y que desde su inclusión han efectuado serios ataques a derechos democráticos básicos, como la libertad de expresión y asociación, convirtiéndose en una amenaza con socavar la credibilidad de la iniciativa. Recomendamos la pronta revisión de la implementación de la Política de Respuesta para tratar de evitar los retrocesos institucionales o democráticos en los países que integran la AGA y evitar la violación de principios y valores que garantizan los espacios cívicos en los países miembros. Esto requiere de poderes judiciales realmente independientes. Vemos con preocupación que la justicia en varios de nuestros países está sometida a los poderes políticos y económicos.
6. Los estándares y requisitos de ingreso a la AGA deben permitir la participación de la mayor cantidad posible de países. Sin embargo, los criterios de permanencia deben ser más estrictos y guiados por el principio de progresividad y no regresión. La AGA sólo ganará legitimidad si es un espacio que logra gobiernos realmente más abiertos y si sabe sancionar a quienes son laxos con sus principios.
7. La AGA debe apoyar la implementación de reformas profundas en los Estados, más allá del cumplimiento de los Planes de Acción, abordando aspectos más sistémicos y estructurales que son fundamentales en la construcción de la democracia en los países de la región.
8. Para la Alianza Regional es necesario incluir en las actividades y procesos de la AGA a la sociedad civil de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua; países que no participan en esta iniciativa internacional. Esta exclusión implica una doble marginalización respecto a nueva plataforma de diálogo de la AGA.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información es una red de organizaciones no gubernamentales de las Américas, independiente, apartidaria, y sin fines de lucro, que aspira a fortalecer la capacidad de sus organizaciones miembros para fomentar mejores prácticas y legislaciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países y la región.
Trabajamos desde una perspectiva de defensa de la democracia y el valor de los derechos humanos, entendidos estos últimos en los términos en que lo hacen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como las normas y convenciones asociadas a ellas; reafirmando la convicción de que las libertades de expresión e información son esenciales para las sociedades democráticas y para el cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden ser desconocidos por los Estados y deben protegerse.
