Las organizaciones defensoras de derechos humanos que abajo suscriben condenan enérgicamente la intensificación de las represalias y la persecución contra la población venezolana por ejercer sus derechos humanos. Al contexto de una emergencia humanitaria sin precedentes se suma la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Los firmantes exhortan al Estado venezolano a respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación.
Un pronunciamiento conjunto de los Relatores de Naciones Unidas del 29 de junio recoge las condiciones de vida actuales de la población. El 79,3% de los/as venezolanos/as no puede cubrir la canasta básica alimentaria; 96% de los hogares se encuentran en situación de pobreza y el 79% se ubica en pobreza extrema, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida 2019/2020. El 21% de los niños menores de cinco años se encuentra en riesgo de desnutrición, mientras que en el marco del Covid-19 el desempleo aumentó en 6.9 puntos porcentuales y un 43% de los hogares se vio impedido para trabajar o registró pérdida de ingresos.
Otro pronunciamiento conjunto de Naciones Unidas de 28 de junio da cuenta de un contexto represivo en alza cuyo primer trimestre del año registró al menos 51 ataques de seguridad contra el trabajo de personas y organizaciones de derechos humanos. En este contexto se amenaza a las organizaciones de la sociedad civil de aprobar una ley candado contra el financiamiento internacional a través de la inconstitucional asamblea nacional constituyente, lo cual incrementaría las limitaciones operacionales de las organizaciones para registrar documentación o actualizar sus estatus ante las instituciones administrativas. También aumentaron las prácticas de vigilancia, hackeos, bloqueos de sitios web de las organizaciones de derechos humanos, así como mecanismos más sofisticados como la articulación de denuncias falsas para que los proveedores web de organizaciones cierren sus páginas y bloqueen sus datos.
Según el Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 3 de julio de 2020, de marzo a junio de 2020 se materializó una aplicación arbitraria del estado de alarma. Militares, fuerzas de seguridad y autoridades locales ejecutaron detenciones, desapariciones forzadas por períodos breves, malos tratos, procesamientos judiciales y hostigamientos contra manifestantes, periodistas, trabajadores de la salud, personas defensoras de derechos humanos y dirigentes de oposición. El informe reveló patrones de violaciones a derechos humanos hacia personas que presuntamente participaron en “acciones de desestabilización del Gobierno”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Comunicado de Prensa del 15 de julio, reiteró su preocupación por la continuidad de actos de hostigamientos y discursos contra personas defensoras de derechos humanos agudizados en el contexto generado por la pandemia de la COVID-19. “La CIDH reitera el llamado al Estado a adoptar medidas respecto de las campañas de estigmatización y hostigamiento que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el país, tal y como señaló a través del Comunicado de Prensa No. 40/19.”
El socavamiento del espacio cívico y democrático en Venezuela se materializa con violaciones sistemáticas a los derechos humanos generalmente cometidas en el marco de operaciones de seguridad, incluyendo la represión de las protestas, coberturas periodísticas, o la persecución política contra la divulgación de opiniones y/o de la labor de defensores que busca hacer frente a los abusos de las autoridades durante la pandemia . La respuesta del Estado persiste en la lógica de represión y censura contra la ciudadanía, lo que además de afectar el espacio cívico, agrava las afectaciones a otros derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y ambientales de la población».
La mayoría de los casos documentados por las organizaciones venezolanas refieren a la implementación de una tesis del “enemigo interno”, en el contexto de una concentración plena de poderes en el Ejecutivo Nacional, para castigar a “opositores” o “personas percibidas como tal” y propagar un efecto inhibitorio que busca silenciar la denuncia de las severas consecuencias de la crisis actual.
Estos patrones violatorios afrontan el riesgo inminente de profundizarse ante la ausencia de independencia e imparcialidad judicial. Tal como lo señala la Alta Comisionada en su l Informe de sobre Acceso a la Justicia del 15 de julio, “la información de que dispone el ACNUDH refleja que los magistrados del TSJ –Tribunal Supremo de Justicia- tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. La inseguridad de titularidad afecta también a los fiscales del Ministerio Público. Casi todos ellos son provisionales y su nombramiento y destitución se dejan a la potestad discrecional del Fiscal General, pese a que por ley debe ser a través de concurso público. Además, el Fiscal General actual fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo un procedimiento que no respeta las disposiciones constitucionales”.
Las organizaciones de derechos humanos firmantes exhortan al Estado venezolano a respetar y garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de la población, los cuales adquieren mayor importancia en el contexto de la pandemia, así como a facilitar el diálogo y participación democrática de la sociedad civil en aras de generar soluciones estructurales y respetuosas de los derechos humanos a la crisis que comparten. En este sentido, solicitamos:
- Cumplir con las recomendaciones previstas en los Informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como en los reportes, audiencias y decisiones cautelares y de fondo dictadas por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Cooperar y acatar las decisiones y recomendaciones adoptadas por los Órganos de Tratados y Titulares de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.
- Restablecer el Estado democrático y de Derecho a través de los cauces constitucionales y con estricto apego a los derechos humanos en aras de superar pacíficamente la crisis.
Referencias
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25229
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25212
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/165.asp
Organizaciones firmantes:
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) – Brasil
Alerta Venezuela
CIVICUS – Global
Derechos Digitales – América Latina
Kazakhstan International Bureau for Human rights and the Rule of Law – Kazakhstan
MARUAH – Singapore
Partnership for Integrated Protection (PPI) – Congo
Robert F. Kennedy Human Rights – EEUU
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales – México
ROLBG Human Rights – Gabon
Usuarios Digitales – Ecuador
Venezuela Inteligente – Venezuela
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – América Latina
Miembros:
Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia – Bolivia
Observatorio Cubano de Derechos Humanos – Cuba
Fundación Violeta Barrios de Chamorro – Nicaragua
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Ecuador
FUSADES– El Salvador
Transparencia por Colombia – Colombia
Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) – Honduras
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) – Uruguay
Artigo 19 – Brasil
Fundar – México
Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) – Honduras
Participación Ciudadana – República Dominicana
Transparencia Venezuela
Espacio Público – Venezuela
Instituto para la Libertad de Expresión (IPLEX) – Costa Rica
