Venezuela: se profundiza el deterioro de la libertad de expresión y del espacio cívico
Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información denunciamos el agravamiento de las restricciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y el derecho de asociación y reunión en Venezuela, registradas a partir de los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026. En este contexto, manifestamos nuestra especial preocupación por la situación de ciudadanos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que continúan privadas de libertad por el ejercicio legítimo de su labor.
En los días posteriores, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de prensa han documentado detenciones arbitrarias de trabajadores de prensa, deportaciones de corresponsales extranjeros, bloqueos de medios de comunicación y severas limitaciones al acceso a información pública. Estas prácticas obstaculizan gravemente el ejercicio del periodismo en un momento de extrema relevancia pública, en el que la población necesita aún más acceder a información plural, oportuna y verificada.
De acuerdo con información de organizaciones locales, al menos 14 trabajadores de la prensa fueron detenidos de manera arbitraria y posteriormente liberados el 5 de enero de 2026, durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional en Caracas. Durante las detenciones, funcionarios de seguridad revisaron sus dispositivos móviles y borraron su material periodístico.
Asimismo, se registraron detenciones de al menos 5 personas por expresar opiniones vinculadas a los acontecimientos recientes, lo que constituye una criminalización directa del disenso y profundiza el cierre del espacio cívico. En este marco, preocupa especialmente el contenido de la Gaceta Oficial N.º 3.954, cuya redacción amplia y ambigua habilita la persecución penal de expresiones protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
Desde hace años, organizaciones de la sociedad civil hemos documentado patrones persistentes de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, incluido el uso del sistema penal como herramienta de persecución política. Las recientes liberaciones anunciadas por las autoridades deben entenderse como el cumplimiento mínimo de las obligaciones internacionales del Estado venezolano y no como gestos excepcionales. En este sentido, los funcionarios deben garantizar la transparencia y celeridad de estos procesos, así como información regular a las familias.
Desde la Alianza Regional reiteramos el llamado por la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, entre ellas más de 20 periodistas, y reafirmamos que ninguna acción estatal ni ningún contexto excepcional pueden justificar la suspensión de derechos fundamentales, ni situarse por encima del derecho internacional de los derechos humanos. Abogamos por una solución civil, democrática y pacífica a la grave situación que atraviesa Venezuela, que incluya la restauración efectiva de las libertades fundamentales, la protección del espacio cívico y el pleno respeto de los derechos humanos.
