OGP: Sociedad civil reclama coherencia ante crisis de CIDH

La observación y defensa de la situación de derechos humanos por parte de la CIDH es clave para la realización de los pilares que sostienen la Alianza 

Gobiernos abiertos no pueden ser ajenos al escrutinio exterior ni ser omisos de sus compromisos internacionales.

En el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que toma lugar el 01 y 02 de junio en Montevideo, Uruguay, más de 50 organizaciones y redes de sociedad civil de las Américas hacen un llamado puntual para que los países que integran la Organización de los Estados Americanos se comprometan seria y fehacientemente a respetar el mandato y asegurar la operación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la labor de monitoreo y defensa que desempeña la Comisión Interamericana (CIDH) y sus relatorías.

La CIDH es uno de los órganos principales de protección, promoción y defensa de derechos humanos de la región, y el recurso último con el que cuenta la sociedad y las víctimas de violaciones para garantizar la vigencia de los mismos. De igual manera, la
Comisión ha robustecido el sistema con estándares regionales que generan cambios legislativos, judiciales y de política pública. A pesar de todo esto, el órgano hizo pública su delicada situación financiera vigente, la que amenaza directamente la realización oportuna y efectiva de su mandato.

De acuerdo con lo comunicado por la Comisión, el presupuesto regular de la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 millones de dólares, equivalente al 6% del presupuesto de la OEA, lo cual contrasta con el 41.5% que destina el Consejo de Europa a la promoción y protección de los derechos humanos. Ante la insuficiencia de recursos, la CIDH ha buscado aportes directos, de países miembros, observadores y la cooperación internacional. En los últimos tres años, el 34% de lo recolectado provino de los países observadores europeos. De forma paradójica, tan sólo en 2015 los países de la región aportaron directamente cerca de 200 mil dólares a la Comisión en comparación con los más de 13 millones de dólares que destinaron a la Corte Penal Internacional, a pesar de que sólo existe un caso de examen preliminar para un país latinoamericano en contraste con las más de 6 mil peticiones de casos de la región en la CIDH.

Ante este escenario, a excepción de Perú, Panamá, Costa Rica y Antigua y Barbuda, ningún país ha manifestado su intención de contribuir con compromisos materiales que aseguren la operación de la CIDH y el cumplimiento de su complejo mandato.

Las organizaciones civiles reunidas en Montevideo, francamente preocupadas por esta situación y por lo que representa para la agenda de defensa y protección de derechos humanos, aprovechamos el foro que nos reúne para recordar a todos los países miembros de la OEA, y especialmente a los 17 países americanos integrantes de la Alianza por el Gobierno Abierto, que rehuir del escrutinio internacional que hace la CIDH o ser omisos en garantizar su operación es una profunda contradicción hacia los principios con los que se han comprometido cuando decidieron adherirse a la Alianza para el Gobierno Abierto.

El mandato de la Comisión se vincula directamente con los pilares de gobierno abierto: rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Una plataforma de diálogo y colaboración entre sociedad civil y gobiernos, como AGA, no puede entregar resultados sustantivos sin un marco que garantice derechos humanos y los mecanismos para su tutela, como la CIDH.
Ante este panorama, las organizaciones firmantes hacen un enérgico llamado:

• A los países miembros de la OEA e integrantes de la AGA, a realizar aportaciones de emergencia con el fin de superar la crisis financiera inmediata, que llevaría a la reducción del 40% del personal de la CIDH y suspensión de diversas actividades.
• A la OEA, para que en su próxima Asamblea General a realizarse en junio, asigne a la CIDH y sus relatorías los recursos necesarios para el cumplimiento cabal de su mandato a corto, mediano y largo plazo.
• A todas las partes contribuyentes, asegurar que cualquier tipo de apoyo financierono debe condicionar la acción autónoma e independiente de la CIDH.
• A los Estados miembros de AGA, a ser congruentes con los pilares de gobierno abierto, mostrando apertura al escrutinio que hace la CIDH en materia de derechos humanos.
• A los países de la Alianza, asumir compromisos que fortalezcan la CIDH en sus respectivos planes de acción.

Para adherir a este posicionamiento ingrese aquí: http://bit.do/posCIDHogp

Firmantes

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Alianza Internacional de Habitantes, México

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

Alianza Latinoamericana frente al Fracking

Articulación Feminista Marcosur

Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE)

Abriendo Datos, Costa Rica

Artigo 19, Brasil

Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA), México

Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, Argentina

Asociación de Periodistas de El Salvador

Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia

Acción Ciudadana, Guatemala

Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina

Cartocrítica, México

CENSAT Agua Viva, Colombia

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Cainfo, Uruguay

Centro de Investigación en Desarrollo AC, CIDAC, México

CONGCOOP, Guatemala

Congreso Transparente, Guatemala

Controla tu Gobierno.com A.C., México

Cooperativa Mujer Ahora, Uruguay

Cotidiano Mujer, Uruguay

DATA, Uruguay

DECA Equipo Pueblo, A.C., México

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, Perú

ECODESS, Perú

El Abrojo, Uruguay

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), México

Food & Water Watch, Estados Unidos

Freshwater Action Network Mexico, México

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios FUNDAMEDIOS, Ecuador

Fundación Chile Sustentable, Chile

Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD, Ecuador

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México

GESOC, A.C., México

Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva, Uruguay

Grupo Propuesta Ciudadana, Perú

Iniciativa Social para la Democracia (ISD), El Salvador

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México

Instituto Mexicano para la Competitividad AC, México

#JusticiaYa, Guatemala

Mujer y Salud en Uruguay, Uruguay

No Fracking Tamaulipas, México

Observatorio Petrolero Sur, Argentina

Pobladores, México

Poder Ciudadano, Argentina

Red Académica de Gobierno Abierto, Uruguay

Red de Gobierno Abierto RGA, Uruguay

SocialTIC, México

Transparencia Mexicana, México

Transparencia por Colombia, Colombia

Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Uruguay

Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras

Espacio Público, Venezuela

Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), Honduras

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia

Fundación Pro Acceso, Chile

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), El Salvador

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Nicaragua

Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Paraguay

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Costa Rica

Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Perú

Participación Ciudadana, República Dominicana

Transparencia Venezuela, Venezuela