La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información expresa su profunda preocupación ante las reformas regresivas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en El Salvador, presentadas por el Gobierno salvadoreño a la Asamblea Legislativa, que resultan contrarias a convenios internacionales de derechos humanos, a estándares internacionales en la materia, así como a la progresividad que caracteriza a los derechos humanos.
En julio de 2021, desde esta Alianza Regional nos pronunciamos respecto a que estas reformas constituyen un grave atentado en contra de la transparencia, fomentan la cultura del secreto y la opacidad, y son contrarias a los estándares interamericanos en la materia. Particularmente, la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la OEA, propone medidas a los países para fortalecer la transparencia en la gestión de las instituciones.
La LAIP salvadoreña se sustenta en el principio de máxima publicidad; sin embargo, esto se suprimiría con las reformas, pues entre otras, se pretenden establecer barreras para la obtención de la información, por medio de la reserva de información oficiosa y la posibilidad de imponer sanciones a particulares, lo que constituiría un grave obstáculo y un desincentivo a la ciudadanía para ejercer su derecho a saber, el cual es necesario para que exista transparencia, rendición de cuentas y acceso a otros derechos. De aprobarse las reformas, quien sufrirá las consecuencias es la población salvadoreña, y quienes se beneficiarán son los que se valen de la opacidad y corrupción en la gestión pública, en detrimento y en contra de la ciudadanía, que es a quien le pertenece la información.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información hace un firme llamado para que cesen los intentos de aprobar reformas regresivas a la LAIP en El Salvador. Reiteramos nuestro llamado al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, a seguir con atención los retrocesos y amenazas que se observan en el acceso a la información en El Salvador; y exhortamos a la ciudadanía y a la sociedad civil a que continúen velando por este derecho.
