CIDH | Audiencia temática sobre reforma constitucional cubana

En el marco del 171º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrado en la ciudad de Sucre, Bolivia, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información se presentó el día 15 de Febrero en la audiencia temática “Reforma constitucional y Derechos Humanos en Cuba”.

En primer lugar, se expusieron algunos aspectos claves del proceso de reforma constitucional que se encuentra en marcha en Cuba: Por un lado, respecto al Partido Comunista de Cuba, esta reforma mantiene su reconocimiento como partido único dirigente, sin prever su obligación de acatar los principios de soberanía popular, supremacía constitucional y legalidad; asimismo, no contiene limitación alguna que impida que este partido se convierta en intérprete de las normas constitucionales en la medida en que esta función queda en manos del ámbito legislativo: Asamblea Nacional del Poder Popular.

Tampoco se establecerían órganos jurisdiccionales autónomos para el control de la constitucionalidad de leyes y normas, lo que impediría que los ciudadanos puedan realizar demandas contra disposiciones que impliquen violaciones a los derechos fundamentales.

Por otro lado, el nuevo texto constitucional incluye —entre los principios fundamentales del sistema político cubano— un artículo que consagra la “traición a la patria” como el más grave de los crímenes.En el propio artículo se indica que el sistema socialista es irrevocable y que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución. De esta manera, se legitima una forma de violencia social contra quienes tengan una ideología o expresen una opinión política diferentes a las sostenidas por el Estado.

En la segunda parte de la audiencia, se abordó un análisis comparativo de la situación de los derechos y libertades previstos en la nueva Constitución respecto de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, acceso a la información pública, libertad de reunión y asociación, y derechos políticos.

En el caso de la libertad de expresión, si bien el proyecto incluye su reconocimiento, se establecen algunas excepciones: respecto a la libertad de prensa, por ejemplo, se exige que se la ejerza “de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”, y al mismo tiempo se establece que los medios de comunicación, sin excepción, son “propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas”.

Asimismo, cabe destacar como un avance el reconocimiento del acceso a la información como un derecho y de la transparencia como un principio rector de las actividades del Estado. Sin embargo, el contexto normativo y político del país, así como el monopolio de medios y las restricciones a la actividad periodística y la circulación de información, pueden presentar un límite a su pleno ejercicio.

Por último, expusimos que durante el proceso de elaboración y discusión de la nueva Constitución, el gobierno mantuvo la represión contra los periodistas independientes, con arrestos e interrogatorios arbitrarios, robos de materiales y equipos de trabajo, amenazas de cárcel y muerte, prohibición de viajar al exterior y hostigamiento a las familias. Este antecedente hace difícil imaginar que la situación cambie tras el referendo del 24 de febrero.

Mencionamos el caso de los periodistas Adriana Zamora y Ernesto Carralero, de Diario de Cuba, contra quienes el régimen cubano ha empleado singular crueldad: Cuando Zamora tenía 11 semanas de embarazo, agentes de la Seguridad del Estado amenazaron durante un interrogatorio la vida de ella y de su bebé y reconocieron que eran capaces de provocar incidentes sin dejar pruebas. Cuando estaba ya hospitalizada para dar a luz, la policía política presionó a la dueña de la vivienda que alquilaba junto a Carralero para que los echara. Actualmente, amenaza a la pareja con la cárcel con el objetivo de que abandone el país.

Por último, la Alianza Regional solicitó a la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión elaborar un análisis y pronunciamiento claro acerca de los avances y retrocesos de esta reforma en relación a los estándares internacionales; realizar un seguimiento a las leyes y reglamentos que se emitan en las que podrán acotarse o habilitarse el efectivo goce de los derechos; prestar especial atención a las peticiones de medidas cautelares relacionadas con casos que ocurran en Cuba, especialmente sobre el derecho a la libertad de expresión; y por último que se inste al Estado de Cuba, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, a respetar plenamente y garantizar el pleno ejercicio de las libertades de expresión, prensa y asociación, así como el acceso a la información pública de sus ciudadanos.

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